La tramitación de la directiva Bolkestein llega a su hora final

Bruselas, 10 nov (EFECOM).- La tramitación de la directiva que liberaliza la prestación de servicios en el mercado comunitario, uno de los proyectos legales más controvertidos de la historia de la UE, quedará zanjada el próximo miércoles en el Parlamento Europeo (PE).

Salvo sorpresas, el pacto de los grandes grupos políticos -Partido Popular Europeo, Socialista y Liberal- bastará para ratificar la versión de la propuesta acordada el pasado mayo por los gobiernos nacionales, muy rebajada con respecto al texto original del ex comisario europeo que le dio nombre, el liberal holandés Frits Bolkestein, confirmaron fuentes de los grupos políticos.

El objetivo del proyecto es hacer realidad la teórica unidad del mercado de servicios europeos -70 por ciento del PIB de la UE-, para lo que elimina trabas burocráticas y prohíbe discriminar por razón de nacionalidad a las compañías que operen en Estados distintos al de origen, incluso si no tienen filiales en ellos.

La propuesta original, presentada en febrero de 2004, se basaba en la cláusula de "país de origen", en virtud de la cual este tipo de empresas se someterían sólo a la ley del Estado donde radiquen.

Esto originó una fuerte contestación de los poderosos sindicatos de Francia o Alemania, que, tras la entrada en la UE de países del Este con costes laborales muy inferiores a los suyos, veían la directiva como una amenaza para los derechos de los trabajadores.

Pese a que el propio Gobierno conservador francés se movilizó contra la propuesta, el temor a la "Directiva Bolkestein" -personificado en la figura del 'fontanero polaco'- fue una de las claves del rechazo de los franceses a la Constitución Europea en el referéndum de mayo de 2005, según coincidieron los analistas.

En frente, la patronal, los partidos liberales, los gobiernos del Este y los de tradición más aperturista, Reino Unido, Holanda o España, entre ellos, defendían la conveniencia de la propuesta.

Envuelto en la controversia, el texto llegó el pasado febrero a su primera lectura en el pleno del Parlamento Europeo.

Tras una difícil negociación, los grupos Popular y Socialista impusieron una posición común que lo cambió "de cabo a rabo", en palabras de la relatora, la socialista alemana Evelyne Gebhardt.

La propuesta perdió así el principio de país de origen e incluyó en cambio la posibilidad de que los Estados restrinjan la apertura del sector por razones de "orden público, seguridad pública, protección al medio ambiente o salud pública", aunque de forma proporcionada y sin discriminar a las empresas por su nacionalidad.

Además, se excluyó a los servicios de interés general, así como a los financieros, audiovisuales, sociales, el transporte, las comunicaciones electrónicas, las empresas de trabajo temporal, la salud pública y privada, el juego y la seguridad privada.

También se redujo el alcance de la liberalización sobre los servicios económicos de interés general -postales, sector eléctrico, gas, distribución y suministro de agua y gestión de residuos-.

Su plazo de transposición se prolongó hasta los tres años, de forma que no sea de obligado cumplimiento antes de 2009.

El texto del PE fue la base del posterior acuerdo en el Consejo de la UE -gobiernos nacionales- el 29 de mayo, donde, para contentar a los aperturistas, se añadió la obligación de que los Estados justifiquen ante la Comisión Europea las posibles restricciones.

En la votación en segunda lectura del próximo miércoles, la Eurocámara prevé darle el visto bueno definitivo al texto.

Los grupos Popular, Socialista y Liberal -que suman 555 de los 732 escaños- se han comprometido a no plantear enmiendas para que no sea necesario una posterior conciliación con el Consejo.

Para solventar ciertas críticas de ambigüedad en la redacción, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy leerá ante el pleno una declaración en la que afirme que la directiva no irá en detrimento de los derechos sociales.

Pese a ello, los grupos minoritarios Los Verdes/Alianza Libre Europea e Izquierda Unitaria Europea sí mantienen su oposición al texto y prevén presentar enmiendas, pero admiten sus casi nulas opciones de éxito, señalaron hoy fuentes de ambos grupos. EFECOM

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