En 2010, la UE lanzaba la Estrategia Una política industrial integrada para la era de la globalización con un objetivo claro: que el peso de la industria en el PIB europeo alcanzase el 20 por ciento en 2020. Era la respuesta a la preocupante ola de deslocalizaciones de muchas empresas multinacionales hacia una China en plena efervescencia, cuyos bajos costes laborales actuaban como un irresistible imán. Ocho años después aquellas palabras rechinan en los oídos del medio millar de trabajadores de la pequeña localidad leonesa de Villadangos del Páramo condenados a engrosar las listas del paro por la decisión de la multinacional danesa Vestas de cerrar la que hasta junio era una planta modélica para trasladar la producción de componentes eólicos al gigante asiático para abaratar costes. El anuncio de cierre de Vestas conocido al final del verano conmocionó a la provincia leonesa no sólo por su impacto económico y social -más de 2.000 familias dependen directa e indirectamente de la la factoría- sino por las formas utilizadas por la compañía, que esperó a que venciesen las obligaciones vinculadas a las ayudas europeas que ha recibido -12,5 millones de euros- y porque la compañía está en beneficios -900 millones de euros en el último ejercicio-. Para colmo, los trabajadores de la planta de Villadangos del Páramo han sido clave durante los últimos años en formar al personal de las fábricas que la multinacional ha ido abriendo. Con el Gobierno español neutralizado para forzar a Vestas a un acuerdo por las posibles repercusiones que una postura de firmeza pudiera tener en sus otras dos plantas en España -Lugo y Ciudad Real-, era cuestión de tiempo que Castilla y León acudiese a Europa a "sacar los colores" a la multinacional por su nula responsabilidad social y a poner a la política industrial de los 27 en un brete. ¿Puede la UE permanecer impasible ante la espantada de una multinacional con pingües beneficios y que ha alcanzado en buena medida su desarrollo tecnológico gracias a las cuantiosas ayudas públicas? La pregunta aún resuena en los pasillos de la mastodóntica burocracia de Bruselas. La delegación castellano y leonesa ha puesto sobre la mesa las dos grandes fallas de esa política industrial. No sólo seguimos permitiendo la competencia de países a los que no exigimos lo mismo que a nosotros mismos sino que engordamos a nuestros competidores. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, lo dejó bien claro. "Europa no se está protegiendo de las malas prácticas de estas empresas que se deslocalizan a países con unos costes más baratos y que no tienen normativa medioambiental ni de protección de sus trabajadores para luego volver a vender sus productos en Europa". También el secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, advierte de la "contradicción" entre el discurso europeo y la realidad industrial y "por lo tanto hay que revisarlo y corregirlo porque no puede haber ayudas a empresas para esa innovación y conocimiento y se lo lleven fuera". El problema de Vestas está ahora en el tejado de la UE. Por mucho que la multinacional haya intentado ocultar el impacto de su estrategia dosificando los anuncios de sus cierres y recortes de empleo -primero Barcelona, luego Villadangos y Daimiel y ahora Europa, donde reducirá 400 empleos- el adelgazamiento de la actividad en el Viejo Continente no parece tener marcha atrás. La libertad empresarial es básica en una economía de mercado. No se puede obligar a una compañía a mantener su actividad en pérdidas, pero sí es exigible el compromiso de repartir la riqueza si hay beneficios cuando ha habido ayudas públicas que las han hecho posible. La planta de Villadangos del Páramo obliga a la UE a replantearse su política industrial. Apoyar la instalación de proyectos empresariales para impulsar la economía de un territorio es un objetivo irrenunciable pero sería pegarnos un tiro en el pie si consentimos que los principales beneficiarios de las ayudas, a la postre, sean nuestros directos competidores.