La guerra del taxi tiene su origen en diciembre de 2009, cuando el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Ómnibus. A pesar de que José Blanco, ministro de Fomento por aquel entonces, convenció al gremio de que la eliminación de los artículos 49 y 50 de la LOTT, que contemplaban la contingentación de las VTC, "no iba a modificar el régimen jurídico vigente" ya que no implicaba un "mandato legal para incrementar el número vehículos de uno u otro tipo", lo cierto es que abrió la puerta a que se solicitaran las miles de licencias VTC que actualmente compiten en las ciudades con el taxi gracias a Uber y Cabify. El mensaje del Gobierno socialista, que defendió entonces que la ley no iba a tener "consecuencias negativas para el taxi", no impidió que el sector se levantara contra ella, obligando al PP a reintroducir limitaciones al sector en 2013. El problema es que el reglamento (ROTT) que desarrolla la ley y fija de nuevo el ratio 1/30 no se aprobó hasta noviembre de 2015, lo que generó un vacío legal. Así, entre 2009 y 2015 se solicitaron miles de licencias VTC que las autonomías se negaron a dar porque superaban el límite 1/30. Pero como la Ley Ómnibus lo eliminó, los solicitantes acudieron a la justicia y ésta les dio la razón. Desde diciembre de 2015 hasta julio de 2019 el número de licencias VTC se ha multiplicado por 2,7 hasta las 9.366, lo que ha llevado al sector del taxi a recrudecer la guerra. Ahora, con los taxis bloqueando las calles, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta recuperar el ratio 1/30 mediante la creación de una segunda licencia que vacíe de contenido a las actuales. Una medida hiperrestrictiva que tiene poco recorrido legal.