Pimco y Anchorage solicitan posibles comunicaciones entre Botín, Ron y SarachoLa batalla judicial en torno a la resolución de Banco Popular, la primera bajo las nuevas normas europeas, abrió esta semana un nuevo frente. Este martes, grandes inversores que perdieron sus fondos con la operación solicitaron a un juez de Nueva York el acceso a documentos clave en posesión del Santander, quien adquirió la entidad en apuros por 1 euro. La solicitud no supone iniciar un procedimiento judicial contra la entidad de Ana Botín, sino más bien reunir material para los casos que tienen abiertos en España y en Luxemburgo, con los que buscan cuestionar la resolución y acceder a una compensación. Los fondos Pimco y Anchorage Capital piden información relacionada con la liquidez del Popular antes de su caída, el capital disponible y las comunicaciones entre la presidenta del Santander, Ana Botín, y los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, junto con las del Banco de España. También demandan la comparecencia de un alto cargo del Santander. Richard East, de la firma Quinn Emanuel que representa a los fondos, argumentó que el acceso a estos documentos es "fundamental para un proceso imparcial y justo". Los afectados quieren esclarecer si el Popular fue infravalorado en los días previos, o hasta qué punto se favoreció que el Santander esperara para adquirir la entidad por 1 euro. Los demandantes defienden que el banco cántabro tenía una oferta de 3.000 millones preparada, algo que la entidad presidida por Ana Botín siempre ha negado. Las leyes federales de EEUU permiten solicitar el acceso a documentos relevantes en casos de cortes extranjeras, siempre que el receptor de la solicitud tenga presencia en EEUU. Hasta ahora, los afectados han tenido un acceso limitado a información a través de los procesos judiciales en España o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La evaluación de la consultora Deloitte sobre el Popular tampoco sirvió para esclarecer aspectos clave como los activos con los que contaba la entidad para acceder a la liquidez de emergencia (ELA) del Banco Central Europeo (BCE), que gestionaba el Banco de España, o el volumen de esta liquidez todavía disponible, ya que el BCE vetó el acceso a estos datos. Conocer más detalles sobre estos puntos resulta crucial, dado que la caída del Popular se precipitó por una fuga de depósitos, y el BCE había reconocido dos días antes que el banco era solvente. Los abogados que representan a los fondos no detectan nada sospechoso en el apartado de la provisión de liquidez. Dos frentes en Nueva York Pimco y Anchorage, que tenían bonos del Popular por valor de 489 millones y 154 millones, respectivamente, siguen con esta nueva actuación la línea iniciada en marzo por un grupo de exaccionistas del banco encabezados por el empresario mexicano Antonio del Valle, que tenía el 4,2 por ciento del Popular. Este grupo también acudió a la Justicia de EEUU para presentar un proceso formal de petición de información al Santander. Del Valle, además, inició un arbitraje contra España en el que le reclama la devolución de 470 millones por su inversión perdida en el Popular.