Grandes inversores institucionales que se vieron afectados por la resolución de Banco Popular, que acabó en manos del Santander tras un proceso en el que accionistas y tenedores de bonos híbridos perdieron toda su inversión, han contratado al bufete internacional Quinn Emanuel para analizar posibles acciones legales. El grupo de bonistas, que incluye a Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit Capital, constituye un "porcentaje material" de los tenedores de bonos junior de la entidad que presidía Emilio Saracho, según publicó ayer Financial Times. Quinn Emanuel señala que explorará las medidas y las comunicaciones de los reguladores que llevaron a la evaluación del BCE de que el banco estaba "quebrado o cerca de quebrar", así como las acciones de la administración del banco y la evaluación de los reguladores. Richard East, de Quinn Emanuel, comentó al diario británico que "estamos encantados de haber sido elegidos para representar a estos fondos, todos los cuales han sufrido pérdidas desproporcionadas e innecesarias como resultado de la implementación de la decisión de imponer un esquema de resolución sobre el Popular y su posterior implementación por el regulador nacional español, el Frob". Por otra parte, el grupo andaluz Jale ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción especializada en perseguir delitos económicos contra directivos de PwC y el Popular por presuntos delitos de apropiación indebida y de administración desleal y fraudulenta imputable al administrador concursal, además de supuesta estafa, informa Ep.