Un tribunal de Londres da la razón al banco en un litigio con empresas públicas Portugal deberá indemnizar al Santander por un contrato millonario roto en 2013. La Corte Comercial de Londres ha condenado a cuatro empresas públicas de transporte a compensarle por dejar de pagar de forma unilateral varios swaps, cuyo valor asciende a 1.800 millones, cuando empezaron a generarle quebrantos al desplomarse el euribor. Ni Lisboa ni el banco quisieron estimar ayer la potencial indemnización de un fallo, contra el que cabe recurso. Pero la prensa lusa apuntó que deja expedita la vía para que el Santander Totta recupere, al menos, los entre 230 y 300 millones de euros en intereses no percibidos, al margen de la cuantía por el valor de los derivados que pueda corresponderle. En marzo pasado, la Agencia de Gestión de Hacienda y Crédito Público (PICG) había cifrado la potencial pérdida en 1.384 millones. La controversia tiene su origen en los nueve contratos de swaps que contrataron las gestoras del Metro de Lisboa y de Oporto y de los tranvías y autobuses de Lisboa (Carris) y Oporto (STCP) entre 2005 y 2007 para evitarse sustos en las cuotas de amortización de sus préstamos si el euribor se disparaba. Lo que nadie esperaba es que el indicador europeo iba a derrumbarse como ocurrió al sobrevenir la crisis, ocasionando fuertes pérdidas a las cuatro empresas públicas. El fallo del tribunal no solo da la razón al Santander Totta en la validez del producto, que aún sigue vivo, sino que reconoce su buen asesoramiento e intención de resolver el problema. En su relato hace énfasis en que el banco aconsejó adecuadamente cuando contrataron los swaps -lo esperable es que el euribor subiese y más cuando los contratos blindaban la financiación para un plazo de 15 años- y siempre actuó con corrección y lealtad hacia las empresas públicas. El Totta subrayó ayer en un comunicado emitido en Lisboa que “se esforzó en lograr una solución negociada que, dentro de lo razonable, minorase las pérdidas para el Estado” y ante el fracaso de las negociaciones “se vio obligado a recurrir” al mecanismo de solución de disputas en Londres y provocó la intervención de la Corte de Comercio. Fue en ese momento cuando las empresas decidieron interrumpir los pagos asociados a la vigencia del producto contratado. El proceso se inició en mayo de 2013 y el tribunal tuvo acceso a voluminosos aportes documentales, periciales y expertos de ambas partes. Antes del juicio hubo un último intento negociador infructuoso con el Gobierno de Passos Coelho, que sí cierra acuerdos con otras entidades por conflictos similares, detalla el luso Diario de Noticias. Sea cual sea el importe, parece que requerirá un esfuerzo adicional para el Erario, por lo que podría intentar negociar con el banco una solución y las condiciones de pago.