El plan inicial era dar dos licencias a Mediaset, dos a Atresmedia, una a Prisa y otra a la IglesiaLa vicepresidenta compartirá la negociación con los medios con el ministro de IndustriaLa guerra abierta entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, vive un nuevo nuevo frente de batalla. Rajoy ha tomado el mando en la concesión de las seis nuevas licencias de televisión, una gestión de la que se estaba encargando hasta ahora directamente su número dos, a la que ha restado además poder en la negociación con los grandes grupos editoriales. Según han confirmado fuentes próximas al Ejecutivo, el presidente ha decidido que el ministro de Industria, José Manuel Soria, tenga una participación activa en estas negociaciones y acompañe a partir de ahora a la vicepresidenta a todas las reuniones con las empresas. Rajoy intenta asegurarse así el control de los medios en plena batalla interna en el Gobierno, especialmente tras las últimas elecciones autonómicas y municipales, y con la vicepresidenta maniobrando en la sombra para evitar que repita como candidato en las generales. Sáenz de Santamaría había anunciado el pasado 17 de abril la licitación de tres licencias de televisión en alta definición (HD) y tres en calidad estándar (SD). Aunque, según dijo entonces, los grupos interesados deben presentar las propuestas antes del día de mañana, 28 de mayo, su plan inicial, ahora en el aire, tenía ya un reparto establecido. El objetivo de la vicepresidenta, siempre según las fuentes consultadas, era que los dos grandes grupos de televisión que operan en España -Mediaset y Atresmedia- se quedaran con dos canales cada uno; otro fuera para Prisa y un cuarto para 13 TV, controlada por la Conferencia Episcopal. Además de estos grupos, han mostrado también su interés por entrar en la puja Vocento, propietaria de Net TV junto a Disney Channel, y las productoras Secuoya y Mediapro, ésta última en alianza con Al Jazeera. Todo a la espera también del Real Madrid, que estaba interesada en el proceso, aunque podría ampliar su presencia negociando con los adjudicatarios una vez cerrado el proceso. Siguiendo con el calendario electoral, la vicepresidenta aseguró que el concurso se resolvería en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que lleva a la entrega de los nuevos canales a los grupos a octubre, alrededor de un mes antes de las elecciones generales, siempre y cuando se celebren en noviembre, tal y como ha dejado caer el actual Ejecutivo en más de una ocasión. Es un calendario que ha causado un profundo malestar en el sector, que critica abiertamente que el Gobierno no tiene ninguna una hoja de ruta definida y busca tan sólo garantizarse el apoyo editorial de las televisiones en vísperas de unos comicios que se presentan muy complicados para los populares. "Parece que lo único que quiere el Gobierno es tratar de manipularnos y no lo va a conseguir", asegura un directivo del sector, que prefiere mantener el anonimato. Para Rajoy la concesión de las nuevas licencias de televisión se trata de hecho de un asunto estratégico porque, en su opinión, tal y como ha declarado ya tras las elecciones del pasado domingo, el problema que está teniendo el partido para conectar con la ciudadanía y evitar la sangría de votos es de comunicación. Compensación La intención incial de la vicepresidenta del Gobierno con el plan que había diseñado era abrir la puerta para que los grandes operadores de televisión recuperaran los canales de TDT que les quitaron en mayo de 2014, aunque se ha resistido a evitar sin embargo, vía Real Decreto, el cierre de otros ocho más, cuyo futuro está ahora en manos del Tribunal Supremo, que tiene previsto adoptar una decisión en los próximos meses. Al margen de la decisión final que tome ahora el presidente del Gobierno, parece en cualquier que el Ejecutivo ha decidido guiñar un ojo al sector en pleno año electoral y no sólo con la aprobación del concurso sino también con la licitación de un canal más de lo que estaba previsto inicialmente. Lo llamativo es que este guiño coincide sin embargo con una ofensiva lanzada desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Atresmedia y Mediaset. Además de varios expedientes abiertos por superar el tiempo máximo de emisión de publicidad, se han incoado otros, de carácter sancionador por vulnerar supuestamente las condiciones impuestas para la fusión de Antena 3 y La Sexta en el caso de Atresmedia y de Telecinco y Cuatro en el de Mediaset. La extinta Comisión Nacional de la Competencia multó ya en 2013 con 15,6 millones a Mediaset y la Audiencia Nacional ratificó además ese mismo año otra sanción impuesta en 2011 por 3,6 millones. Pero es que, además, en marzo se abrió otro nuevo expediente por parte de la CNMC contra la empresa que dirige Paolo Vasile y esta misma semana se ha incoado uno más contra Atresmedia. Competencia les acusa, entre otras cosas de aplicar una política de descuentos basada en el cumplimiento de una cuota global de inversión, cuando debían comercializar la publicidad por separado entre los distintos canales.