España siembra en Bruselas la semilla de una nueva cláusula para frenar a la eléctrica galaACS aún no tiene listo el cuaderno de venta, pero mantiene contactos con Suez, Eni y Gas Naturalmadrid/ bruselas. EDF ha descartado participar en la puja por Unión Fenosa. La eléctrica gala, que en su momento se mostró interesada por entrar en el capital de Iberdrola e incluso mantuvo contactos con ACS, no ha tomado de momento en consideración entrar en una subasta por Unión Fenosa, según indicaron fuentes consultadas por este diario. La gala, que mantiene una guerra judicial con Iberdrola en el Juzgado Mercantil de Bilbao y ante distintas instancias comunitarias, podría apostar únicamente por hacerse con la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán o con parte de ella, una vez que haya desembarcado Florentino Pérez. Pese a esta situación, la francesa se puede encontrar con nuevas chinas en su camino de entrada en España. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se irá de vacaciones tras dejar sembrada en Bruselas la semilla de una cláusula que, en el futuro, podría esgrimir España para torpedear el desembarco en el sector energético nacional de EDF. El próximo otoño e invierno tendrá que negociar el desarrollo de la misma, y entonces se verá si la maniobra es viable. La UE está inmersa en la negociación de un paquete legislativo para profundizar la liberalización del sector y en la integración de un verdadero mercado único continental. La Comisión Europea y el Parlamento quieren aprovechar la reforma legal para extender por toda la UE un modelo que ya existe en España: las empresas que poseen y gestionan las redes de transporte de energía -gasoductos y líneas de alta tensión- son independientes de los grupos que generan y la distribuyen la energía. Ambas instituciones comunitarias consideran que trocear el sector es la mejor garantía para el libre mercado. Porque sólo un gestor independiente de las redes trataría por igual a los grupos históricos y a los nuevos operadores que pretendan rivalizar en el mercado. Temen que sistemas como el francés, en el que EDF y GDF están integradas y dominan las redes, degenere en la discriminación de los operadores alternativos. El acuerdo, leído entre líneas El Consejo de Ministros de Energía de los 27 países de la UE alcanzó el pasado 6 de junio un principio de acuerdo político cuyas ocho páginas, tras el verano, serán la base para batallar palabra a palabra la redacción de varios textos legales. Francia logró evitar que Europa le imponga el desmembramiento de sus grupos energéticos. Ni EDF ni GDF-Suez tendrán que renunciar a la propiedad ni a la gestión de sus redes. Si la negociación no da un vuelco, bastará con que se doten de mecanismos internos de control que garanticen, supuestamente, que sus rivales puedan utilizar sus redes sin sufrir zancadillas. La delegación española, encabezada por Sebastián, tuvo que renunciar a exportar su modelo y dejó de exigir que París troceara a sus empresas. Pero logró incluir un párrafo de apenas siete líneas en el acuerdo político que constata que "en el mercado europeo energético convivirán tres modelos diferentes de liberalización energética"; que admite que "los Estados tienen la posibilidad de tomar medidas para garantizar que las empresas compiten en igualdad de condiciones"; pero que advierte que "tales medidas deben ser proporcionadas, no discriminatorias y transparentes". Si en la negociación España se saliera con la suya, este párrafo se desarrollaría en uno o varios artículos de una o más directivas (previsiblemente una sobre gas y otra sobre electricidad). Artículos que podría invocar el Gobierno para imponer condiciones o, quizás, vetar el desembarco de compañías que, presuntamente, compitieran con ventaja frente a las españolas. Hasta el momento, España intentó frenar a EDF invocando el principio de reciprocidad. Argumentaba que tenía derecho a elegir la privatización como modelo de liberalización; y a impedir que sus grupos cayeran en manos de empresas públicas. Pero el derecho comunitario no permite discriminar entre capital público y privado; de modo que Madrid siempre predicó en el desierto. Y sus diferentes intentos de proteger su sector de grupos extranjeros se han saldado, hasta la fecha, con cinco derrotas ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los jueces no se creyeron que España blindara sus empresas con el único y legítimo afán de garantizar el suministro energético de su territorio. La cláusula anti EDF que España pretende hacer arraigar en el derecho comunitario es análoga a la cláusula anti Gazprom propuesta por la Comisión Europea. Bruselas ha incluido dos artículos en la futura directiva sobre el mercado del gas y otros dos en el proyecto de directiva sobre electricidad, que oficialmente se denominan Cláusula sobre Países Terceros. Objetivo: impedir que el Goliat ruso Gazprom, de cuyas exportaciones de gas depende media UE, se meriende los gaseoductos y las líneas de alta tensión occidentales; lo que consolidaría su abrumador dominio continental. La operación de venta de Unión Fenosa, sobre la que todavía no hay un cuaderno de venta, avanza rápidamente. De hecho, Gas Natural ya ha confirmado su interés por participar en la operación, pese a las reticencias de la Caixa por su fuerte aumento de la morosidad. Consejo de Gas Natural El consejo de administración de la gasista se reunió ayer para aprobar las cuentas, que prevé presentar el próximo martes únicamente ante analistas y para dar al máximo órgano de Gobierno una primera explicación sobre el asunto. Desde la empresa no se dieron mayores explicaciones sobre detalles de la reunión. Lo mismo ha hecho la italiana Eni que quiere seguir manteniendo su alianza en el negocio del gas natural con la española y la gala Suez, que tal y como adelantó elEconomista, tenía interés por participar en esta operación, después del frenazo que tuvo que dar en su desembarco en Gas Natural. ACS, por su parte, ha reconocido que negocia con varios compradores y que no espera tener resuelta la venta de la eléctrica hasta mediados de septiembre. La intención de Florentino Pérez es reforzarse en Iberdrola, una vez se termine la venta, un proceso que podría demorarse durante más de tres meses, ya que la operación tiene que recibir los vistos buenos tanto de la Comisión Nacional de Energía como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).