El fiscal ve indicios de delito en la transmisión del 1% de las acciones de Banesto a varios directivos en el año 1994MADRID. ¿En qué momento se debe tributar a Hacienda, cuando se transmiten unos títulos o cuando realmente los reciben los nuevos dueños? Pues esa cuestión, la del momento correcto de rendir cuantas al Fisco, es la clave del nuevo frente judicial que se abre en el Santander.El Fiscal Anticorrupción ha solicitado a un juzgado de Santander la apertura de juicio oral contra el presidente del grupo bancario, Emilio Botín, y otros ocho directivos del banco, a los que acusa de un presunto delito de apropiación indebida y delito contra la Hacienda Pública. El motivo es que, según la tesis del fiscal, el Santander debería haber practicado las retenciones a cuenta en 1994 por las acciones del Banesto, el 1 por ciento del capital de la entidad que le acababan de adjudicar, que decidió distribuir entre algunos de sus directivos. La entidad que preside Botín, sin embargo, no lo hizo hasta el año 1998.En el escrito, el fiscal pide al juez que imponga una pena de prisión de hasta seis años a Emilio Botín y los miembros de la Comisión ejecutiva que autorizó la entrega de las acciones: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea. La petición se extiende a Juan Carlos Rodríguez Cantarero y José María EspíEl fiscal contempla el atenuante de la reparación del daño pero también la circunstancia agravante de la "especial trascendencia y gravedad de la defraudación". El fiscal, en sus conclusiones provisionales, dice que los acusados diseñaron y aprobaron un plan retributivo con la finalidad de omitir la tributación a Hacienda.La tesis del banco es muy diferente. Según afirma, el pago del impuesto correspondiente "se hizo aplicando estrictamente la ley y se actuó con total transparencia".Un informe pericial, pedido hace varios años por el fiscal, afirmaba que los pagos a Hacienda debieron hacerse en 1994, si bien afirmaba que se podía deducir que no hubo ocultación, ya que el banco pagó en 1998. Y tampoco advertía perjuicio para el Fisco, ya que la cantidad abonada ese año duplicaba la que el banco hubiera tenido que realizar en 1994.El banco asegura que realizó el pagó en 1998 porque fue entonces cuando se cumplieron los objetivos marcados para Banesto, que era el motivo de la adjudicación, por lo que fue entonces cuando las recibieron los directivos.