France Télécom, Deutsche Telekom y Telia Sonera siguen participadas ampliamente, entre otras, por el Estadosantander. Qué extraordinariamente fácil resulta, en esta Europa teóricamente unida, sacar los colores a Bruselas. La culpa la tiene el doble rasero de su lucha contra la batalla de los 'campeones nacionales' y las medidas 'in extremis' de los Gobiernos para que sigan siendo nacionales. Ayer, en el Encuentro de las Telecomunicaciones organizado por Aetic en Santander, el secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Francisco Ros, se trajo otro recado para las autoridades comunitarias: "Debe desaparecer, de una vez por todas, la participación pública en los operadores nacionales. De otro modo, se pondría en cuestión el objetivo de plena independencia de los reguladores respecto de los eventuales intereses de los Gobiernos en operadores en los que participen, y sería imposible conseguir una verdadera armonización". ¿De qué habla Ros y por qué despierta este debate? France Télécom, propietaria de Amena y Wanadoo en España, está participada por el Estado francés con el 32,5 por ciento. Deutsche Telekom, propietaria del español Ya.com, tiene al Estado alemán en el 15 por ciento de su capital. Y la suecofinlandesa TeliaSonera, que acaba de hacerse con el 77 por ciento de Xfera, tiene a dos Estados controlando el 59 por ciento. Su deuda, sus inversiones, su plan de negocio se podría decir que está, al menos parcialmente, subvencionado. Mientras todo esto ocurre y estas compañías compiten en España y en otros países europeos con firmas totalmente privatizadas como Telefónica, Bruselas se pasa meses criticando a otros Gobiernos por mantener la llamada 'acción de oro'. El Gobierno español, adelantándose al plazo establecido, eliminó a principios de este año ese poder decisorio que mantenía en Telefónica, entre otras compañías.Hacía mucho, en cualquier caso, que no lo ejercía. El tamaño de Telefónica no lo ha hecho necesario. Pero aún queda en el recuerdo de la teleco la frustrada operación con la holandesa KPN cuando el Gobierno Aznar se opuso a la unión para impedir que el Estado holandés tuviese indirectamente una participación en la española. Ros tiene un motivo concreto para hacer estas declaraciones en el sector de las telecomunicaciones, al que le están lloviendo normativas y exigencias que tan pronto vienen de la Comisión Europea como del Ministerio de Industria español como de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.Tras las repetidas quejas a la incertidumbre que está generando esta situación emitidas en Santander por las compañías a lo largo de toda la semana, Ros se vino con la respuesta preparada. Y les da la razón. "Habría que aumentar la capacidad de coordinación y aplicación de criterios comunes por parte de las diferentes autoridades nacionales, garantizando en todo momento la eficacia de las decisiones adoptadas por aquellas, así como su independencia respecto a la Comisión. Es importante fijar la capacidad de actuación de ambos, autoridades nacionales y Comisión, con el fin de que no existan superposiciones ni pugnas por protagonizar la actuación regulatoria, como en cierto modo está ocurriendo ahora con la itinerancia (roaming) internacional".Pero como eso no ocurre de momento y hoy precisamente comienza una ronda de reuniones a nivel europeo para tratar el nuevo marco regulatorio, España quiere liderar el nuevo proceso de cambio y ha pedido a todos los agentes del sector su opinión para consensuarla durante septiembre y llevarla en octubre ante Bruselas.