Descarta pedir capital adicional a la banca por el examen de la UE a los avalesEl gobernador del Banco de España, Luis María Linde, hizo ayer una cerrada defensa del papel jugado por el organismo que dirige en la crisis de Banco Madrid, en contra de la afirmación del juez de lo mercantil de que su colapso vino de la fuga de depósitos alentada con la intervención. "No hubo ninguna precipitación", dijo y aseguró que la intervención se realizó "perfectamente", "en el momento adecuado" y a la "velocidad adecuada". La actuación del organismo fue una encadenación de medidas. Tras la intervención de la matriz andorrana de BPA, el supervisor adopta una decisión similar y pone bajo vigilancia la gestión con inspectores. Pero Ecomomía requiere al Sepblac si ha detectado anomalías en BancoMadrid, y al indicar que hay un informe, todo se precipita. El Banco de España interviene a mitad de la semana y el lunes el banco está en liquidación, tras una fuga de 176 millones en fondos. En cuanto a la impugnación de su actuación y de la apertura del proceso concursal por parte de los empleados de Banco Madrid, Linde admitió que "cada uno es libre de querellarse contra quien quiera". Su valoración tuvo lugar a preguntas directas tras participar en el XXII Encuentro del Sector Financiero organizado por ABC, Deloitte y Sociedad de Tasación, foro donde los altos espadas de la banca minimizaron el potencial impacto de la investigación de la Comisión Europea de los 40.000 millones de euros avalados por España para quepudiesen anotarlos como capital. La banca lo minimiza El gobernador del Banco de España descartó articular medidas para que el sector refuerce su solvencia ahora, dado que el Ejecutivo comunitario solo ha iniciado un proceso de información y si abriese investigación su cometido sería analizar en qué medida pueden distorsionar el juego de mercado. "La Comisión Europea se ocupa de competencia, no de regulación bancaria", precisó. A la pregunta de cómo evaluaría una demanda de capital extra si así concluyese el proceso, recordó que el Banco de España siempre es favorable a "que se capitalicen más", aunque ahora no baraje medidas extras. La banca cuenta con que el tiempo correrá en su favor si el proceso acaba asestando un golpe. Los 40.000 millones hubiesen dejado de computar de manera progresiva como capital por aplicación de Basilea III hasta su extinción definitiva en 2019 -a razón de un 20 por ciento de pérdida de peso por año-, de no ser por el aval expedido por España. Son derechos fiscales desgravables en los 18 años siguientes a generarlos. La garantía no implica dar dinero sino que el Estado garantiza su monetización de no lograrse ejecutar en plazo. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, aseguró no preocuparle un proceso, hoy en estadio "embrionario", y que suele consumir tiempo. A título de ejemplo apuntó que la investigación de la Comisión sobre la amortización del fondo de comercio "se sustanció en 5 ó 6 años". Para entonces, las entidades podrían haber materializado parte o todos los activos fiscales o haber articulado medidas para reforzar el capital en previsión de que dejen de contarles como recursos propios. "Componente político" Las sospechas sobre la indagación van son que se puso en marcha por denuncias del sector financiero alemán o británico para frenar entidades fuertes, como algunas españolas, o acelerar fusiones en Italia. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, sugirió que esconde "un componente más político que económico", en la medida que afecta a los avales en España, Grecia, Italia y Portugal. Sevilla instó abrir un debate para unificar la normativa fiscal que rige en la banca, toda vez que ya se ven sometidas a iguales reglas de capital. Y es que la mayoría de países pusieron soluciones para evitar que Basilea III abriese un boquete en su banca. Algunos como Alemania, Francia, Reino Unido o EEUU optaron por el carry-back fiscal, consistente en la devolución de los impuestos pagados en años anteriores, cuando se materializan las pérdidas que generaron los activos fiscales -al realizar provisiones, para planes de prejubilaciones o pensiones de la plantilla...-. Los países periféricos, hoy bajo la lupa, avalaron los activos no deducidos una vez expirados los 18 años por la imposibilidad de emular a Alemania sin violentar los planes de austeridad. El consejero delegado de Caixabank, Gonzálo Cortázar, defendió su legalidad al estar recogidos en la norma de Basilea. "Estoy muy tranquilo sobre la situación de fondo porque la legislación la ampara y no veo, por tanto, argumentos en contra". Su homólogo en Liberbank, Manuel Menéndez, mostró sorpresa cuando recordó que estaban perfectamente detallados y contemplados en los exámenes de salud realizados al sector por el BCE y la autoridad bancaria europea (EBA, por su siglas en inglés). Estos activos llegaron a suponer el 40 por ciento del capital más puro y hoy representan alrededor del 20. Benefició especialmente a BFA Bankia -tenía unos 7.000 millones, pero también al Santander, Sabadell, BBVA y Caixabank, con entre 4.900 millones y 5.400 millones.