Las sospechas se centran en los fabricantes de Elyxir, Ducal y American LegendEl Gobierno tiene sospechas fundadas de que hay empresas tabaqueras que están facilitando el contrabando de cigarrillos desde Gibraltar y está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para poner freno a un fraude que podría alcanzar los 1.000 millones de euros anuales. El Consejo de Ministros autorizó la semana pasada la adhesión de España al Protocolo contra el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, puesto en marcha por la ONU y, según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, se está estudiando ya en este sentido un paquete de medidas para exigir a las compañías cumplir con lo que se conoce como el principio de diligencia debida, de modo que las empresas tengan la obligación de ajustar los volumenes de venta al Peñón, y en menor medida también a Andorra, a la demanda real del mercado, además de controlar y auditar a sus distribuidores. Y es que la Agencia Tributaria sospecha que hay empresas que están vendiendo a Gibraltar muchas más cajetillas de las que realmente se consumen con el objetivo de que esos cigarrillos lleguen luego a España de forma ilícita, sin pagar los correspondientes impuestos. Hacienda va a vigilar por todo ello muy de cerca las ventas de tabado al Peñón, de modo que "si el procentaje supera un determinado umbral, se considerará que no se está cumpliendo con la obligación de suministro proporcionado". En caso de incumplimento, se considerará una infracción grave o muy grave y, además de una sanción económica, se contempla incluso la prohibición o inhabilitación del ejercicio de la actividad de forma temporal o permanente en España. Empresas bajo sospecha El fisco va a seguir muy de cerca los movimientos de compañías como H. Van Landewyck, un fabricante de Luxemburgo que produce enseñas como Elyxir, Austin o Ducal; la griega Karelia Tobacco, dueña de American Legend, y la chipriota Explosal Ltd, propietaria de Raquel, entre otras. De acuerdo con un informe bianual que hace Ipsos para la propia industria, entre estas tres compañías suman una cuota de mercado del 36,1 por ciento entre las cajetillas sin precinto fiscal, es decir, aquellas que proceden del tráfico ilícito o que han sido introducidas de forma legal desde otras países. El problema radica en que frente a esa participación tan alta de tabaco que no paga impuestos aquí, estas compañías apenas tienen cuota en el mercado legal. Se da además la circunstancia de que ninguna de ellas, ahora bajo sospecha, han suscrito el acuerdo con Olaf, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que sí han firmado, en cambio, las cuatro grandes del mundo: Philip Morris, Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco y British American Tobacco (BAT). En el último informe realizado por Ipsos sobre cajetillas sin precinto, Philip Morris, la dueña de Marlboro y Chesterfield, aparece, no obstante, con una participación del 26,1 por ciento y JTI, propietaria de Winston y Camel, tiene otro 22,4 por ciento. Según explican fuentes del sector, estas participaciones se corresponden con lo que tienen más o menos en el mercado legal y, además, son las que venden las marcas más consumidas en el mercado internacional y, por lo tanto, las que más introducen los turistas. Eso al margen de que Philip Morris tiene una participación muy alta en Andalucía con Chesterfield, lo que provoca más demanda de los visitantes a Gibraltar, y JTI con Winston en Cataluña, lo que facilita las compras en Andorra. Tanto Philip Morris como JTI realizan estudios permanentes para ajustar su venta a la demanda del mercado de Gibraltar, estimando que, si se tienen en cuenta sus propios habitantes, los trabajadores españoles que entran a trabajar a la colonia y compran de forma legal, más los turistas y los paquetes que estos puedan comprar para regalar a terceros, el mercado podría alcanzar los 75 millones de cajetillas al año. El hecho, sin embargo, es que el año pasado se exportaron a Gibraltar alrededor de 140 millones de cajetillas para una población de unos 30.000 habitantes, lo que, según el Gobierno, supone un consumo por cada uno de ellos de 12 al día. Problema prioritario El contrabando de tabaco supone un problema prioritario porque tiene una triple consecuencia negativa. Por un lado, genera un perjuicio económico para la Hacienda de cada Estado y, en el caso europeo, también para el presupuesto de la Unión. De hecho, entre 2005 y 2012, la Aduana española ha aprehendido más de 240 contenedores de tabaco que, de llegar al mercado, habrían supuesto un fraude fiscal de más de 260 millones.Pero es que, según mantiene el Gobierno, "genera un perjuicio económico para el comercio legítimo de tabaco y supone un claro riesgo para la salud pública", al tratarse de producto no controlado.