La antigua SOS sospecha que Jesús Salazar podría haber desviado unos 400 millones de eurosDeoleo intenta internacionalizar y estrechar el cerco judicial contra los hermanos Jesús y Jaime Salazar, presidente y consejero delegado de la empresa hasta el año 2009. Cinco años después de que la Audiencia Nacional admitiera una querella presentada por la compañía contra ambos por el presunto desvío de 234 millones de euros, el gigante aceitero ha pedido ahora a la Fiscalía suiza que abra una nueva causa para investigar si han cometido blanqueo de capitales en su territorio. El titular del Juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que instruye la investigación contra los Salazar, había solicitado una comisión rogatoria a las autoridades helvéticas y lo que quiere Deoleo es que se utilice la documentación que se ha encontrado para abrir un nuevo caso. Fuentes próximas a la compañía aseguran en este sentido que la autoridades suizas han llamado ya a declarar a su ex consejero delegado, Jaime Carbó, que ha viajado recientemente a Ginebra para ratificarse en todo lo denunciado. De hecho, según dicen, la investigación ya se ha iniciado y se centra en saber si Jesús y Jaime Salazar podrían haber utilizado sociedades y cuentas en Suiza para desviar de la compañía hasta 400 mi- llones de euros. No obstante, fuentes jurídicas próximas a Salazar niegan tajantemente que exista por ahora ningún tipo de procedimiento penal abierto al margen del que se instruye en España. Transferencias El caso se remonta a abril de 2009, cuando los hermanos Jesús y Jaime Salazar -éste último era consejero delegado- fueron destituidos por el presunto desvío de 209 millones de euros un año antes a una de sus sociedades patrimoniales, Condor Plus. Posteriormente, a lo largo del primer trimestre de 2009, se habría realizado otra transferencia por 25 millones de euros. Salazar ha negado en todo momento que haya habido ningún desvío, argumentando que ese dinero respondía a un préstamo que concedió la empresa y que fue ratificado por el consejo de administración. destinado a la compra de autocartera, con la que facilitar después la entrada del fondo estatal libio en el capital de la compañía. El préstamo era de 234 millones, aunque con los gastos financieros el importe se elevaba hasta 312 millones de euros. En 2010, la Audiencia Nacional impuso ya una fianza civil de 360 millones de euros contra Jesús y Jaime Salazar dictando el embargo de gran parte de sus bienes, incluidas casas, coches y cuentas corrientes. En enero del año pasado, Carbó, el primer ejecutivo de la compañía, admitió en un encuentro con medios de comunicación que recuperar el dinero era imposible, apuntando ya que se habían detectado no sólo firmas en Suiza, sino también un entramado de sociedades en países como Liechtenstein y Panamá. "Cuánto más tiempo pasa mucho más difícil es seguir la pista del dinero", reconoció entonces el consejero delegado. En cualquier caso, el hecho de que no se vaya a recuperar el dinero no tendrá ningún impacto en las cuentas de la compañía, que reformuló ya las de 2008 y que volvió a hacer fuertes provisiones en las de 2009. En la Audiencia, mientras tanto, la querella sigue su curso y el pasado 5 de febrero el juez Andreu dictó un auto por el que ampliaba la imputación por estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil a la mujer de Jesús Salazar, Patricia Esteban Martínez; a su suegro, Antonio Esteban, y a su cuñado, Pablo Esteban, según adelantó El Confidencial Digital. Reorganización accionarial Superada ya esa situación, Deoleo está inmersa en este momento de un proceso de reorganización accionarial, que tras la entrada de CVC conllevará también un reestructuración financiera. Pese a la entrada de este nuevo inversor, Deoleo garantiza su españolidad gracias a la permanencia en su accionariado de Caixabank, Unicaja, Kutxabank, que suman un 20 por ciento del capital, a la espera además de lo que haga Dcoop (la antigua Hojiblanca), que tiene otro 10 por ciento y de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La idea del Gobierno es que ésta última compre el 2 por ciento de Ebro Foods y se haga con el paquete de Dcoop en el caso de que la cooperativa decida salir, sin descartar tampoco acudir a la segunda ampliación de capital. Moncloa pretende garantizarse a toda costa al menos un 30 por ciento del capital español y evitar que la empresa se acabe vendiendo por partes. Inicialmente, el fondo CVC Capital Partners comprará el 21,31 por ciento en manos de Bankia y BMN. Posteriormente, y según el acuerdo alcanzado, suscribirá íntegramente una ampliación de capital para tomar hasta el 29,99 por ciento del capital -el resto de los accionistas se diluirá entorno a un 12 por ciento- y lanzará una opa sobre la totalidad de la compañía, a 0,38 euros por acción. Deoleo cerró ayer en bolsa dos céntimos por encima, a 0,40 euros, tras caer en la sesión un 1,23 por ciento.