Según la propuesta, tendrían que respaldar una quita del 50% y perder la propiedad de las vías Nuevas inversiones en obra pública o protección frente a expropiaciones, entre sus reclamacionesLas empresas concesionarias de las autopistas en riesgo de quiebra no aceptarán el plan de rescate propuesto por el Gobierno si no hay compensaciones. La iniciativa del Ejecutivo consiste en aglutinar todos estos activos en problemas bajo el paraguas de una nueva sociedad de capital 100 por cien público, lo que supone para las dueñas de estos activos ceder su propiedad sin nada a cambio. A este quebranto se suma el hecho de que muchas empresas constructoras, propietarias de la mayoría de las concesionarias en concurso de acreedores, también se verán afectadas por una quita del 50 por ciento en las obras que todavía están pendientes de pago por parte de la administración, 500 millones de euros en total. Una cifra a la que ya se le aplicó otro recorte del 50 por ciento en 2010, cuando el Gobierno socialista puso en marcha los créditos participativos y las cuentas de compensación para dar viabilidad a estas concesiones. Tanto las cuentas de compensación como los créditos participativos son dos mecanismos a los que las constructoras no están dispuestas a renunciar, al menos en esencia. No obstante, como contraprestación a la renuncia de su propiedad sobre las autopistas, las concesionarias también verían con buenos ojos el compromiso del Gobierno de aumentar la inversión en obra civil o alargar concesiones en vigor. En el caso de los créditos participativos, estos se comenzaron a otorgar a mediados de 2011 con el objetivo de financiar los sobrecostes de aquellas expropiaciones que superasen el 175 por ciento de los costes previstos en la oferta de licitación. Este punto es especialmente sensible, ya que aún quedan por abonar alrededor de 1.200 millones por este concepto, a asumir por Fomento según el nuevo plan. Dada la responsabilidad patrimonial del Estado sobre estas autopistas en el caso de que quiebren las concesionarias, lo que sin duda sería la peor solución para las arcas públicas, las constructoras esperan un gesto del Gobierno. Cuentas de compensación "Estos préstamos participativos son más fáciles de cobrar porque el Gobierno se comprometió legislativamente a pagarlos", explica una fuente conocedora de la situación. "Por el contrario, las cuentas de compensación dependen de la dotación presupuestaria y ahí es más difícil conseguir que haya voluntad política". El sistema de cuentas de compensación fue diseñado para cubrir la diferencia entre la facturación de las concesionarias y la que registrarían quedándose en el 80 por ciento del tráfico previsto en el plan económico financiero presentado en la oferta de licitación. Este dinero, no obstante, tendría que ser devuelto una vez los tráficos mejoraran en las autopistas. Las cuentas de compensación y los créditos participativos han sido siempre las reivindicaciones de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, para poner fin a este conflicto, la cual ha tratado siempre de huir de un rescate que implique perder la propiedad de estos activos. En este afán, durante el último año y presionada por el avance de muchas concesionarias hacia la liquidación, Seopan negoció con el Gobierno la creación de esta sociedad pública de autopistas pero siempre sin renunciar a una participación en la misma. Llegó a hablarse incluso de que entre un 20 y un 30 por ciento del capital de la futura empresa estaría repartido entre las actuales concesionarias. Por eso, varios afectados manifiestan su sorpresa por la nueva propuesta del Gobierno, que "prácticamente es como ir a la liquidación". Según Seopan, las empresas concesionarias ya han perdido el 100 por cien de su capital, 1.800 millones, por los desembolsos de capital realizados en las vías y los intereses de la deuda. Al igual que en el caso de las constructoras, las entidades acreedoras también tendrán que asumir una quita del 50 por ciento para que la deuda financiera de la nueva empresa sea de 2.400 millones.