David Vegara dice que es "fundamental que se cumpla con la normativa italiana"madrid. Una semana. Es el tiempo que ha tardado en pronunciarse el Gobierno español sobre el veto que, prácticamente, impuso el Ejecutivo italiano a la fusión de Abertis y Autostrade el viernes de la semana pasada. A pesar de tratarse de una de las operaciones más relevantes que están teniendo lugar en Europa, el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero ha guardado silencio durante todos estos días. Un mutismo que rompió ayer el secretario de Estado de Economía, David Vegara."Lo único que puedo decir es que estoy convencido de se encontrará una solución satisfactoria para todas las partes, que responda adecuadamente a las preocupaciones que ha expresado el ministro de Infraestructuras italiano", señaló un escueto Vegara. Un día antes, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, rechazó hacer cualquier comentario al respecto.Este silencio gubernamental se ha relacionado con otra polémica operación: la opa de E.On sobre Endesa y el tirón de orejas que ha dado Bruselas al Gobierno español por su actitud proteccionista. Una similitud que Vegara prefirió esquivar cuando se le preguntó al respecto, y se limitó a responder que "en una operación de estas características es fundamental que se cumpla con la normativa italiana", según recoge Servimedia.Según Antonio Di Pietro, ministro de Infraestructuras, y Tommaso Padoa-Schioppa, su homólogo en Economía, Abertis no puede fusionarse con Autostrade porque tiene como accionista de referencia a un grupo constructor. ACS posee el 24 por ciento del grupo catalán y ostentaría el 12,5 por ciento del nuevo gigante si consiguiera llegar a buen puerto la fusión.Un Real Decreto de 1997 prohibe la presencia de constructores en el capital de Autostrade. Argumento que ha utilizado el Ejecutivo de Romano Prodi para intentar vetar la operación. Pero, como ha ocurrido en Endesa, Bruselas ha tomado la palabra y ha pedido a Italia toda la documentación para decidir si el juez de esta operación debe ser Europa o Italia.La casi probabilidad de que esta fusión corresponda a Bruselas ha llevado al ministro Di Pietro a intentar argumentar que él nunca se ha opuesto a una operación entre dos compañías privadas. Su veto se dirige hacia las concesiones, a las que considera un bien público, ya que es el Estado el que decide a quién se las adjudica.