La Comisión Europea podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE Bruselas ha dejado a un lado las amenazas para pasar a la acción al abrir un expediente a España por no haber comunicado las medidas que tiene previsto adoptar para cumplir el objetivo de que en 2020 el 20 por ciento de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables. Tanto España como Italia debían comunicar las nuevas políticas energéticas antes del 5 de diciembre de 2010. El Gobierno comunitario ha sido muy benévolo durante este tiempo y ha dejado pasar más de dos años para iniciar este expediente. En este sentido, a nadie se le escapa que los últimos cambios regulatorios aprobados para acabar con el déficit de tarifa no han gustado nada a la Comisión Europea, concretamente al comisario de Energía, Günther Oettinger, quien pidió explícitamente que la reforma energética no hiciera peligrar las renovables. Bruselas exigía a España e Italia esta comunicación para comprobar cómo se avanza en la transposición de las directivas de renovables a sus legislaciones nacionales. Se trata de la segunda fase de un procedimiento de infracción. Ahora si en el plazo de dos meses los gobiernos español e italiano no han corregido la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Uno de los pilares de esta directiva es priorizar el acceso a la red de las energías renovables, una filosofía con la que la reforma energética acaba de un plumazo al imponer una retribución fija basada en unos estándares que se calcularán para toda la vida del proyecto. Esta decisión de Bruselas sigue a diecisiete procedimientos similares que afectan a Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta y Polonia, según Efe. Entre tanto, el Gobierno comunitario también ha abierto un expediente informativo a España contra la reforma energética que entró en vigor este año y que recoge una tasa a la generación eléctrica del 7 por ciento, de manera indiscriminada a todas las tecnologías. El expediente fue comunicado a finales de agosto y Bruselas dio diez días al Gobierno español para informar a la Comisión sobre dicho impuesto indirecto. Si la CE no estuviera conforme con la respuesta de España, iniciará un procedimiento de incumplimiento contra España. Según las fuentes consultadas, el Gobierno español todavía no ha contestado a la petición de Bruselas, lo que podría haber acelerado el expediente comunicado ayer, ya que ambos expedientes están relacionados. A juicio del Gobierno comunitario, la nueva tasa del 7 por ciento, en vigor desde principios de año, podría ser contraria al Derecho de la Unión. Este expediente está motivado por una denuncia elaborada por los abogados de Holtrop en nombre de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es la segunda de una serie de seis demandas, de las cuales tres ya han sido presentadas, y en las que se solicita a la Comisión Europea que inicie diversos procedimientos de incumplimiento contra España, porque su legislación en este ámbito es contraria al Derecho Europeo. A pesar de los recortes, el Ministerio de Industria sigue afirmando que apuesta por las renovables.