En España existen en total 8.117 municipios, de los cuales, 5.700 no llegan a los 2.000 habitantes, mientras que 4.867 ni siquiera alcanzan las 1.000 personas censadas. A esta cifra hay que sumar 3.725 entidades locales menores. El mapa de la Administración Local se completa con 38 Diputaciones provinciales de régimen común, tres Diputaciones forales -Vizcaya, Álava y Guipúzcoa-, siete cabildos insulares y cuatro consejos insulares. Una estructura local alambicada que genera ineficiencias por la duplicidad de competencias entre Administraciones, lo que a su vez encarece los servicios. Tal y como critica Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, "los distintos niveles de Administración -Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos- no tienen sentido. Es ridículo mantener esos niveles, que sólo duplican personal y acumular ineficiencias. Lo sensato sería agrupar ayuntamientos, trasvasando personal redundante o despidiendo". Respecto a las diputaciones, que en principio saldrían beneficiadas por la norma, algunos expertos critican la mala gestión que han hecho de su propia deuda, ya que han incrementado su pasivo público el 25 por ciento en plena crisis, de acuerdo con las cifras de Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que facilita el Banco de España. Así, desde 2008 hasta el cierre del primer trimestre, la deuda de estas instituciones ha pasado de suponer 5.581 millones a sumar los 6.979 millones en rojo que anota el conjunto de las Diputaciones -y los cabildos y consejos, sus equivalentes en los dos archipiélagos- a finales de marzo. No obstante, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, resta importancia a este repunte del endeudamiento. En efecto, en una sesión de control al Gobierno, el titular de Hacienda declaró que para dicho aumento "no hay justificación", pese a lo cual aseguró que "la deuda de las Diputaciones no es el problema de la deuda de España". Montoro respondía así a una pregunta de UPyD, que lo acusaba de defender las Diputaciones porque suponen un pilar del poder territorial del PP. En cuanto a la morosidad de las Administraciones locales, "va por barrios", resume con ironía Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad, pero, en general, "las Diputaciones no acostumbran a ser los peores pagadores". Situación muy distinta es la de los ayuntamientos, donde hay de todo. Por ejemplo, con el de Barcelona -que en junio pagó a 27,7 días-, la Plataforma ha firmado un acuerdo según el cual se exigirá a las empresas concesionarias que a su vez paguen a las subcontratas en el mismo plazo que les abona las facturas el ayuntamiento, en este caso, menos de 30 días. "Eso es histórico", dice Cañete, que pone como mal ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que "sigue pagando a 180 días".