Los operadores se consideran discriminados por unos precios regulados que resultan un 15% superiores a los de sus rivalesLa polémica está servida. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) anunció ayer los precios provisionales de la fibra óptica compartida en el interior de los edificios y las respulsas de Vodafone y Orange no se hicieron esperar. Ambas compañías tienen previsto recurrir la decisión al sentirse "discriminadas" en el trato, respecto a las tarifas que comparten Telefónica y Jazztel. En concreto, los precios provisionales regulados suponen una bajada de entre el 18 y el 24 por ciento en las tarifas inicialmente ofrecidas por Telefónica a Orange y Vodafone. Según el regulador, dichas cuotas representan un ahorro de entre 8 y 14 millones para cada operador en el despliegue de la red de fibra óptica. Sin embargo, el porcentaje de bajada de precio resulta insuficiente para Vodafone y Orange. La controversia entre los operadores surge por la denominada prima de riesgo, es decir, por el sobrecoste con el que se recompensará la incertidumbre más elevada que asumen Telefónica y Jazztel (que actualmente están desplegando sus propias infraestructuras verticales en el interior de los edificios), mientras que Vodafone y Orange apenas han instalado redes fijas de nueva generación. Según la CMT, los precios acordados "deben incrementarse, cautelarmente, en un 15,29 por ciento" en el acuerdo de Telefónica con Vodafone y Orange, porcentaje que estos últimos operadores consideran excesivo y discriminatorio. Por otra parte, el consejo de la CMT, que preside Bernando Lorenzo, ha elevado el Informe sobre el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su texto, de carácter consultivo, el regulador sectorial demanda que la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual (DTySa) de la CNMC "esté dotada de personal en número suficiente y con un grado de cualificación no inferior al actual. En este sentido, la CMT recuerda que el organismo "se encuentra infradotado de recursos humanos, pues actualmente trabajan 131 empleados frente a una plantilla autorizada de 160". El informe también reclama que se concrete de forma expresa el establecimiento en Barcelona de la sede de la DTySA. Además, la CMT también se postula para asumir las competencias de supervisión del mercado audiovisual inicialmente prevista para que al nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema).