El grupo hispano libio no acredita solvencia financiera para invertir 200 millones y la Generalitat descarta la ofertaEl Gobierno valenciano ha dado por terminadas las negociaciones con el supuesto inversor interesado en comprar el aeropuerto de Castellón, al no haber demostrado el consorcio hispano-libio que cuenta con respaldo financiero para afrontar la inversión de 200 millones de euros -87 millones en la adquisición y el resto en obras complementarias- que había prometido. La oferta se presentó por escrito el pasado 30 de diciembre y la Generalitat, a principios de febrero, pidió al grupo interesado una carta de patrocinio (comfort letter) que demostrase que su interés era real y no se trataba de un intermediario sin recursos en busca de exclusividad para buscar luego inversores, como otras veces ha ocurrido. La fecha límite para presentar la garantía era el 28 de febrero, aunque el Ejecutivo valenciano la amplió hasta el 11 de marzo, a petición del presidente de la empresa pública Aerocas, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. Ayer se constató que no había carta de patrocinio, por lo que Aerocas seguirá con los trámites para poner en marcha el aeropuerto cuando tenga los permisos, probablemente después del verano. Si antes surge algún interesado en comprar o alquilar la instalación, la Generalitat negociará bajo las mismas premisas, es decir, que demuestre que tiene respaldo financiero, además de un proyecto para hacer funcionar el aeródromo inaugurado el 25 de marzo de 2011 por Francisco Camps y Carlos Fabra. El grupo hispano-libio, denominado Lilac Trade and Investment, no sólo decía que iba a poner en marcha el aeropuerto, sino que anunciaba la inversión de unos 115 millones en actividades relacionadas con la aeronáutica y la logística, con la construcción de instalaciones de carga, almacenes y hangares de mantenimiento. Gestión directa Si no hay inversor, la Generalitat está dispuesta a poner en marcha el aeropuerto por sí misma, a través de Aerocas, aunque sea sólo para la temporada turística. El aeródromo fue construido por una concesionaria controlada por Globalvía, a la que en 2011 se rescindió el contrato. La inversión fue de 121 millones, sin contar los 30 millones gastados por la empresa pública Aerocas, buena parte de ellos en marketing.