El presidente de Caja Insular de Ahorros responsabiliza a los técnicos de la entidad El presidente de Caja Insular de Ahorros de Canarias e integrante del consejo de Bankia, Juan Manuel Suárez del Toro, ha echado la culpa del proceso de negociación con el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, a su director general, Juan Manuel García Falcón. Del Toro, imputado por la Audiencia Nacional tras la nacionalización de Bankia, ha setenciado que, de saber las complicaciones financieras de la entidad, "no hubiera aceptado como presidente, pero, ¿quién lo iba a imaginar?", se pregunta. Faceta institucional El directivo de Bakia en Canarias apunta que se siente "entristecido" aunque "jamás he actuado contra mi conciencia". El presidente de Caja Insular de Ahorros responsabiliza a los técnicos de la entidad de su problema con la Justicia. "Cada uno tenía su papel. A mí me correspondió una faceta meramente institucional donde las decisiones estaban garantizadas por los auditores y técnicos. La responsabilidad de integrar a Caja Insular en Bankia, la salida a Bolsa o la confección del balance para el traspaso de activos, era exclusiva del director general", agrega en una entrevista a Canarias 7 del Toro. A juicio del presidente de Caja Insular, "es el Banco de España, en el que creo a pie juntillas", quien autorizó la operación de entrar en BFA. De momento, del Toro no dimite, aunque manifiesta que "no lo descarto, pero me aconsejan que, por ahora, no. Sólo sé que el calvario que estoy pasando no se lo deseo a nadie". Además de la denuncia que se tramita en Madrid, en Las Palmas hay otra presentada por el que era presidente de la comisión de control de Caja Insular. José Ramón Durán asegura que en Caja Insular "pueden haberse producido una serie de presuntos delitos", por lo que solicita que se investiguen diferentes órganos como el Consejo de Administración y la Comisión de Control, así como a los ejecutivos y los auditores internos y externos. "La investigación tiene que concernirme a mí también", apuntó el expresidente de la Comisión de Control, que abundó al respecto: "Si yo he tenido alguna responsabilidad penal en todo este asunto, que sea yo el primero que sea investigado". Entre los presuntos delitos que se enumeran en el escrito presentado en Las Palmas ante Anticorrupción figuran los de "compra de voluntades" y "ocultación de la situación económico-financiera de la entidad por encontrarse en presunta causa de disolución". Asimismo, según Canarias Ahora, Durán ha solicitado que, si alguno de estos delitos no fueran competencia de la Fiscalía Anticorrupción, sean remitidos al fiscal correspondiente.