Cataluña pedirá la ayuda de Bruselas si Hacienda decide intervenir las cuentas de la comunidad autónomaCataluña, Murcia y Comunidad Valenciana admitieron o dejaron entrever ayer que son tres de las ocho autonomías a las que Hacienda ha enseñado la tarjeta amarilla por desviarse del objetivo de déficit. Extremadura no lo niega, Andalucía, Asturias y Canarias se opusieron al déficit de 2013, y a Navarra la señalan las cifras, al cerrar el trimestre con el mayor desfase: 1,44 por ciento. Estas ocho comunidades no son las únicas que se apartan de la senda de la austeridad -todas menos el País Vasco cerraron en números rojos el primer trimestre, si se descuentan los anticipos del Estado-, pero si ellas no cumplen, es virtualmente imposible cuadrar las cuentas autonómicas, ya que entre las ocho suman el 62,13 por ciento de los recortes imprescindibles para embridar el déficit. Y es que, calculado en términos de PIB de cada CCAA y teniendo en cuenta el desfase con que cerraron 2011, la cifra total de recortes de los gobiernos regionales en 2012 asciende a 17.823 millones de euros. De esa suma, 11.075 millones son los que deben ahorrar las ocho regiones díscolas, que supone el 62,13 por ciento del total -el 0,9 por ciento de ese mítico 1,5 por ciento-. Cataluña es la que mayor esfuerzo debe hacer, de 4.390 millones este año, seguida de Andalucía (2.460) y de Valencia (2.220 millones). Precisamente, Cataluña reaccionó ayer, en la persona del conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, quien admitió que "puede que Cataluña sea una de las autonomías a punto de ser examinada", pero "el señor Montoro no me hace temblar". Mas-Colell se mostró muy molesto por la actitud "chulesca" del ministro y advirtió al Ejecutivo central "que no se juegue con la posibilidad de intervenir Cataluña. Si esto ocurre, pediríamos la responsabilidad y la interlocución directa de Bruselas", lo que provocaría la intervención de España. Y añadió que "prefiero tener que discutir con técnicos de Bruselas que de Madrid". El titular económico catalán alertó de que el verdadero peligro es la intervención de España y el Gobierno tiene que dar muestras de que hace los esfuerzos habidos y por haber para evitar esa intervención, de ahí que apriete las tuercas a las comunidades: "Montoro se piensa que si da puñetazos sobre la mesa se le abrirá el horizonte y las cosas son bastante más complicadas". El conseller afirmó que "nosotros queremos ser socios del Gobierno, pero ellos lo ven diferente. Y eso va en contra del buque en que vamos todos". El Gobierno valenciano no confirmó ayer que la comunidad sea una de las ocho advertidas por desviarse del déficit previsto, pero dejó entrever que así es, al alegar que los datos ofrecidos en el CPFF eran a 31 de marzo de 2012, mientras los efectos del grueso de medidas aprobadas por la Generalitat en enero se verán a partir de marzo, por lo que, según el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, "hay que esperar a conocer los datos del segundo trimestre para saber cuál es el camino que estamos recorriendo y cómo estamos en relación al déficit". Lo que sí está claro es que la Comunidad Valenciana se acogerá al fondo de apoyo a la financiación de las comunidades que aprobó ayer el Gobierno, y lo hará con la intención de solicitar 4.600 millones, la cuarta parte del máximo disponible para todas las comunidades que voluntariamente se adhieran. Esta cantidad corresponde a la deuda autorizada por el Consejo de Ministros a la Generalitat en varias ocasiones y que el Ejecutivo de Alberto Fabra no ha podido emitir desde diciembre, cuando hizo el último intento con los bonos patrióticos y se quedó a medias, lo que provocó que su deuda pasase a ser considerada bono basura por las agencias de calificación. De esta cantidad, 1.500 millones corresponden a deuda autorizada y no emitida en 2011, y el resto, a la de 2012. Unos 3.500 millones en vencimientos de este año han sido cubiertos gracias a varios préstamos del ICO, lo que ha permitido a la Generalitat no tener que tirar de presupuesto para amortizarlos. El Gobierno valenciano no ha ocultado que la liquidez es ahora mismo su mayor problema, que esgrime como explicación al retraso en los pagos de 2012 en todas las áreas y ámbitos de la Administración autonómica, excepto las nóminas. En cuanto a los ajustes, se están aplicando con mucha lentitud, ya que pasan meses desde que se anuncian hasta que se ejecutan. Císcar dijo ayer que, "en principio, no hay previstas más medidas de ajuste este año", aunque, añadió, "evidentemente tenemos que empezar a estudiar medidas para poder cumplir en los próximos presupuestos con el nuevo objetivo de déficit para 2013, que baja cuatro décimas, del 1,1 al 0,7 por ciento". Andalucía siempre vota no Andalucía negó ayer la mayor por boca de su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. "No se pronunció ningún nombre en la reunión del CPFF del jueves", aseguró, aunque Andalucía es en la práctica una de las comunidades a las que el Gobierno central sacó tarjeta amarilla. Esta comunidad registró un déficit del 0,6 por ciento del PIB en el primer trimestre, cifra que en su momento la Junta consideró "poco significativa" para el año. Aguayo, sin embargo, aseguró que "no ve imposible" que Andalucía cumpla con el 1,5 por ciento este año. Y señaló que las medidas tomadas para ello, como el plan de reequilibrio financiero por 3.800 millones entre 2012 y 2013, tendrán efecto en la segunda mitad del año. Sin cuantificarlo, sí aseguró que la reducción del déficit ha sido "muy alta" en el primer semestre. En todo 2011, el déficit andaluz fue del 3,22 por ciento. Andalucía ha votado contra todas las decisiones en el CPFF desde la llegada del PP al Gobierno. Tras la supresión de la extra, la Junta revisará la parte del plan de bajada de sueldos para que los 266.000 empleados de la Junta no sufran doblemente.