Podría responsabilizar a su socio del entramado societario en paraísos fiscalesmadrid. "Soy inocente". Iñaki Urdangarin no mostrará hoy el más mínimo síntoma de arrepentimiento en su declaración ante el juez José Castro por el presunto desvío de fondos públicos, engaño a la administración, evasión de capitales y fraude a la Agencia Tributaria. El duque de Palma, al igual que hizo el pasado jueves en una nota su familia, insistirá en que es una persona "íntegra" y que el negocio creado en torno al Instituto Nóos era completamente legítimo. No hubo engaño alguno; se firmaban contratos de consultoría, asesoramiento y organización de eventos; se realizaban y se cobraba por ellos. Ese será el mensaje fundamental que trasladará tanto al magistrado como a los fiscales anticorrupción. La causa investiga los más de cuatro millones de euros que recibió el Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro de Urdangarin y de su socio, Diego Torres, por contratos que habrían sido adjudicados "a dedo" por los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2006. Tanto Torres como su mujer, Ana María Tejeiro -responsable del área jurídica y fiscal del Instituto Nóos-se negaron a declarar en su comparecencia como imputados ante el juez, que tuvo lugar el pasado 11 de febrero, a la espera de conocer la declaración del duque. Responsabilidades Expertos jurídicos consultados por elEconomista aseguran que Urdangarin podría responsabilizar a su socio de todo el entramado societario fuera de España y del presunto desvío de dinero a Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, Belice y Panamá. Aunque eso es algo que no se sabrá hasta hoy, es probable de hecho que Torres y Tejeiro hayan preferido esperar ante la sospecha de que pudiera ocurrir algo así. El juez considera acreditado que la red desvió al menos un millón de euros a paraísos fiscales a través de sociedades pantalla. El dinero era después blanqueado, presuntamente, a través de cuentas de Crédit Agricole en Luxemburgo. Contratos El primer contrato que el Instituto Nóos consiguió firmar con una administración fue a finales del año 2003, con la Generalitat valenciana. El organismo de Urdangarin y Torres firmó un convenio de tres años para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Por ello recibió entre 2004 y 2006 un total de 1,35 millones de euros. Dado el éxito del negocio, Urdangarin contactó poco después con José Luis Ballester, por entonces director general de deportes del Gobierno balear y amigo suyo desde 1985. Ballester le puso en contacto con el entonces presidente autonómico, Jaume Matas, que le contrató para la celebración del Forum Illes Balears, un foro de ideas sobre el potencial del deporte para promocionar el turismo, en la misma línea que en Valencia. El juez Castro subraya que este convenio sí se subscribió "sin haberse iniciado expediente administrativo alguno y, por tanto, sin el sustento de un procedimiento administrativo que legitimase la actuación". El Forum se celebró entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005, y Nóos recibió un total de 1,2 millones de euros. La experiencia se repitió al año siguiente con un precio de 1,1 millones de euros. En total, Urdangarin recibió así 2,3 millones de euros, un precio que, a juicio del magistrado de Palma de Mallorca, es "totalmente desproporcionado". Contratos bajo sospecha De forma complementaria, Nóos suscribió en el año 2005 un convenio con la Generalitat Valenciana -a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana- para preparar la candidatura de Valencia como sede de la primera edición de los Juegos Europeos. La cita deportiva nunca llegó a celebrarse, pero el Instituto Nóos recibió un 6 por ciento del convenio, en total 382.000 euros. Esto supone que Iñaki Urdagarin y su socio habrían cobrado sólo de la Generalitat Valenciana y del Gobierno balear al menos 4,03 millones de euros. El análisis de la numerosa documentación incautada en el marco de la causa pone de relieve además el reiterado cruce de facturas, supuestamente ficticias o por importe superior al servicio prestado, con el objetivo de incrementar gastos a efectos de inflar los presupuestos y de rebajar artificialmente el coste de la factura fiscal.