Se volverán a reunir el día 28 para intentar ponerse de acuerdo en prejubilaciones y ayudasmadrid. Es ya un hecho cierto que el Ministerio de Industria se comprometió a dejar cerrados los puntos más importantes del Plan del Carbón antes de finales de octubre. Es decir, las prejubilaciones, las ayudas y los contratos de suministro. Ésa fue la conclusión de la reunión que tuvo lugar el miércoles durante más de seis horas entre todas las partes, incluido el secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández. Conclusión que no deja contento al resto. CCOO exigió que se cumpliera el Plan letra por letra, al margen del partido que llegue a Moncloa el próximo 20 de noviembre. Entienden que no es viable que las empresas del sector tengan un déficit de más de 1.700 trabajadores y que la producción se haya establecido en 8,5 millones de toneladas -frente a los 9,2 fijados-. De momento, sindicatos, patronal y ministerio se han emplazado para una nueva reunión el 28 de septiembre. En la misma, según el secretario del sector Minero de FIA-UGT, José Manuel Álvarez Maestro, el Ministerio debería dar detalles de lo que se hará y los informes sobre las desviaciones registradas. Una vuelta más de tuerca. Sobre la mesa, el origen de la polémica. Pese a que la fecha tope es 2018, el Ejecutivo español anunció que se iba a adelantar a los acontecimientos, y que comenzaría a reducir las ayudas dos años antes del margen que se le había dado desde Europa. ¿Por qué esta aceleración? Mercedes Martín, directora general de Carbunión, cree que "no habría necesidad de aplicarlas hasta el año 2014, cuando podría haberse recortado de golpe el 25 por ciento. Pero no hay dinero". Las cifras eran las siguientes: a partir de los 383 millones de ayudas concedidas en este año, querían reducir un 10 por ciento en 2012; un 14,5 por ciento en 2013; el 25 por ciento en 2014; el 40 por ciento en 2016; el 60 en 2017; y el 75 a comienzos de 2018, para terminar en diciembre de ese año con todas. Aunque según el Plan del Carbón 2006-2012 sólo habría necesidad de poner en marcha ligeras reducciones de 1,25 por ciento al año en subterránea y el 3,25 en cielo abierto. Martín añadía que la medida les llevó a "demandar al Consejo de la Unión Europea". E insistió en que "no vemos motivo para la decisión puesto que el sector es competitivo. Tan sólo pedimos que nos dejen seguir si lo demostramos, aunque sea sin ayudas o devolviéndolas". No son los únicos que recurrieron ante el Tribunal de Luxemburgo, también se personaron las comunidades de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Según algunas voces, como la del eurodiputado del PP, Salvador Garriga, "la desaparición de las ayudas en 2018 es una decisión inamovible". Sobre todo, teniendo en cuenta que el plan se cerró antes del desastre de Fukushima. De hecho, cree la responsable de Carbunión que "de no haber sido al revés, quizás no se habrían tomado estas medidas tan contrarias al carbón".