PP y el PNV presentan enmiendas para que Hacienda inspeccione su actividadmadrid. El PSOE ha decidido desaprovechar la oportunidad de obligar a las empresas de juego online a regularizar su impago de impuestos de los últimos cinco años, antes de que se se postulen para recibir una autorización para operar en España, una vez que se apruebe el proyecto de Ley del Juego, cuyas enmiendas se debaten hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado. Los socialistas tan sólo han presentado cinco enmiendas técnicas al texto remitido por el Congreso. Por el contrario, entre las 46 enmiendas del Grupo Popular, se aboga porque la obtención del título habilitante esté condicionada a que el operador se encuentre al corriente de pago con Hacienda .Además, justifica que "la tributación efectiva de los servicios prestados en los últimos años desde el exterior debe ser objeto de especial comprobación, no sólo para asegurar el efectivo respeto a la legalidad tributaria, sino también para evitar que a la experiencia obtenida en el pasado por los operadores para su negocio y a la posibilidad de haber fidelizado a un amplio colectivo de clientes de difícil acceso a los nuevos operadores, pudiera añadirse la indebida reducción de costes de funcionamiento por vía del incumplimiento fiscal, en detrimento de la competencia y en perjuicio de los operadores que se hayan cumplido a la legalidad". Tanto PP como los nacionalistas vascos proponen que en aras de asegurar la competencia en el mercado se excluya de las autorizaciones durante dos años a los operadores que han actuado ilegalmente durante los cinco años previos a la entrada en vigor de la futura ley. También se incluye el borrado de las bases de datos de clientes. Las enmiendas populares abogan porque tenga mayor valor la experiencia de juego presencial para obtener una habilitación, para evitar que se premie la experiencia de quienes han actuado de forma ilegal y que se mantenga vigente la legislación sobre el contrabando. También, piden que se mantengan vigentes durante nueve meses los patrocinios actuales, tras la concesión de las habilitaciones. El PNV lo reduce a tan sólo seis meses. El PP propone la anulación de los artículos que regulan los cambios en la Comisión Nacional del Juego y que sientan la base de la venta de Loterías del Estado (LAE).