El grupo asegura que tiene compromisos financieros con entidades públicasmadrid. Lo decía en sus últimas memorias, las de 2006, depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona, y lo reconoce ahora públicamente. Mediapro envió ayer un comunicado a este periódico en el que detalla los préstamos que ha recibido del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña. "Los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por el Institut Català de Finances (ICF) únicamente financian alrededor de un 10 por ciento de la deuda contraída por Mediapro, es decir, por un importe de 4,36 millones de euros". La compañía asegura que de esa cantidad, 2,4 millones no fueron concedidos directamente a la productora, sino a Montaje de Mozart, aunque posteriormente Mediapro se subrogó a los mismos tras su absorción en 2005. Según los datos depositados en el Registro, el ICF concedió créditos a la productora de Jaume Roures por importe de 2,42 millones de euros y el ICO por otros 1,94 millones más. Tal y como informó ya elEconomista esos créditos fueron concedidos para la producción de películas y no para la financiación de la guerra del fútbol que la compañía mantiene con Sogecable. Mediapro es accionista de referencia de La Sexta y tiene los derechos de la práctica totalidad de los clubes de Primera División a partir de la próxima temporada. La empresa de Jaume Roures insiste en que estos créditos son habituales, pero Sogepaq, la productora de Sogecable no ha recibido ni un solo euro, según figura en sus cuentas. "Nosotros sólo tenemos deuda con los bancos y pagamos los intereses que marca el mercado", aseguran desde la filial de Prisa. Financiación de ImaginaLos créditos reflejados en las memorias de Mediapro no incluyen, sin embargo, la participación del ICF en un crédito sindicado junto a otros bancos por un importe total de 248 millones de euros y que fue concedido a Imagina, el holding en el que se integraron tras su fusión Mediapro y Grupo Árbol. Ese préstamo está liderado por Banesto y cuenta también con la participación de La Caixa, Banco Popular, Royal Bank of Scotland y el portugués Espirito Santo que, de acuerdo con las fuentes consultadas, "han participado prácticamente a partes iguales". El problema es que, aunque los bancos actúan con total libertad, el ICF, que maneja dinero público, sólo puede hacerlo a instancias de la Generalitat o del Parlament de Catalunya. Su prioridad, como ocurre con el ICO, son las pequeñas empresas y aquellas que no pueden optar a financiación por otra vía. "Damos financiación para proyectos estratégicos en condiciones preferentes", indicó ayer un portavoz de la Consejería de Economía del Gobierno autonómico, que declinó sin embargo comentar el caso de Mediapro, aduciendo que "nuestros créditos son confidenciales".Por otro lado, y aunque Mediapro no tiene problemas de pago, ocho de sus filiales figuran en su cuenta de pérdida y ganancias con fondos propios negativos, por lo que se encontrarían, según marca la ley, en situación de quiebra. Ésta, sin embargo, no se va a producir porque la matriz acudirá a su rescate e inyectará capital. Media Cam, una de las sociedades filiales en esta situación, tiene ya, por ejemplo, un préstamo participativo de 4 millones de euros. La compañía de Roures mantiene que "la batalla por los derechos audiovisuales no está causando en ningún caso una crisis financiera en el seno de Mediapro. En su opinión, "los compromisos de pago, alrededor de 2.000 millones, lo son hasta el año 2013, por lo que no puede atribuirse ningún desequilibrio".