La justicia belga reabre el caso contra la petrolera francesa, denunciada por presuntos crímenes contra la humanidad bruselas. La historia tiene todos los ingredientes necesarios para ser un éxito cinematográfico: el drama de un pueblo oprimido; la tragedia de una revolución pacífica reprimida a sangre y fuego; una multinacional petrolera presuntamente compinchada con una dictadura cuartelera y salvaje... Desgraciadamente la realidad va camino de superar una vez más a la ficción.La última entrega de las convulsiones escalofriantes en Myanmar (antigua Birmania) se vivió ayer en Bélgica. Salpicó la reputación de la petrolera francesa Total, denunciada ante la justicia belga por presuntos crímenes contra la humanidad. La denuncia fue presentada en 2002 por cuatro refugiados birmanos, que aseguraron que el grupo galo había utilizado en los años 90 a trabajadores forzados para la construcción de un gaseoducto, y que había prestado apoyo financiero y logístico a la Junta Militar que tiraniza el país.Francia se lava las manosEn Francia, Total se escapó de la instrucción del caso porque la justicia gala no admitió las denuncias. En Bélgica, las distintas instancias del poder judicial se pasaban la pelota. En 2005, el Tribunal Constitucional había admitido a trámite las denuncias de los refugiados birmanos. Pero el pasado mes de marzo, el Supremo de Bélgica había dado carpetazo al caso argumentado que los denunciantes no tenían la nacionalidad belga. El Constitucional belga, por su parte, acaba de subrayar que un refugiado tiene, según las convenciones internacionales, los mismos derechos ante la Administración de Justicia que un ciudadano nacional. Y añadió que a este caso se le puede aplicar la ley belga de competencia universal, norma que permite a la Justicia nacional juzgar contenciosos externos al país. Resultado inmediato: la instrucción del caso ha sido relanzada. Y lo ha sido en un momento en el que la violenta represión que sufre la sociedad birmana y los oscuros intereses de las empresas occidentales que operan en el país acaparan la atención de la opinión pública y la clase política de todo el mundo. Los jueces belgas deberán decidir antes de que termine este mes si abren o no un proceso.