El grupo y sus cuatro socios exigen aportaciones de dinero anuales para sobrevivirmadrid. Isolux Corsán y el resto de sus socios Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo han lanzado un grito de auxilio al Tribunal Supremo. ¿El motivo? Los cincos grupos son propietarios de la concesionaria de la autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo. La situación económica de esta vía es insostenible, ya que los números rojos van creciendo por momento ante la caída de tráfico. Ante este panorama, el consorcio empresarial exige al Ministerio de Fomento que lance "urgentemente" un flotador a la concesión para que pueda sobrevivir. Lo que ocurre es que esta petición la han elevado al Tribunal Supremo. En concreto, los dueños piden el equilibrio económico-financiero de la infraestructura "actualmente inviable". De esta manera, exigen que Fomento le inyecte capital y le quite la patata caliente que le ha dejado encima de su tejado al cambiar las reglas del juego. Para argumentar esta petición, la concesionaria considera que la gravedad de su situación económica no se debe a criterios empresariales, sino a "otras circunstancias" que han arruinado la inviabilidad de la concesión. En concreto, los dueños señalaban como culpable al Ministerio de Fomento, puesto que construyó posteriormente a la autopista AP- 41 una carretera sin peaje y no ejecutó la prolongación de la autopista hasta Córdoba. De esta manera, los usuarios en vez de coger la carretera de peaje, lo que hacen es utilizar la otra vía que es gratuita, lo que supone un saco roto para la concesionaria. Según los cálculos de la empresa, los anteriores factores han reducido el tráfico de la autopista a una octava parte respecto al fijado como base en el contrato de concesión. Por eso, el dinero que gana no cubre los gastos, lo que significa un negocio ruinoso. Y los números hablan por sí solos. Aportaciones anuales Las pérdidas de la autopista ascienden a 28,8 millones desde que se puso en servicio (entre 2007 y 2009), tras ejecutar una inversión de 400 millones y en plazo, pese a las modificaciones de trazado solicitadas por la Administración. A los dueños no salen los números y por eso solicitan al Ministerio de Fomento aportaciones económicas anuales que escapan del contrato concesional. Tal es la desesperación de los propietarios de esa autopista que han decidido exprimir todas las opciones para ganar alguna batalla en esta guerra. Antes de recurrir al Tribunal Supremo, presentaron una reclamación por la nula viabilidad económica de la concesión ante la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de peajes, en la que reclamaba a la Administración, en concepto de daño económico, la cantidad de 420 millones de euros. Al cambiar las reglas de juego, los cinco grupos han pedido esa indemnización. La situación de las autopistas de peaje es bastante crítica, de manera que este caso no es el único, ya que todas han sufrido sobrecostes por las expropiaciones y registran pérdidas por las caídas de los tráficos. Así que los números que calcularon los dueños de las concesionarias hace más de cuatro años que garantizaban la rentabilidad de las carreteras de peaje no son efectivas para las actuales circunstancias económicas. Este es el caso de las autopistas radiales de Madrid. No obstante, las empresas concesionarias de la AP-41 aseguran que su situación es distinta a la de esas autovías, donde el principal problema es el coste de las expropiaciones de terrenos, y sobre las que recientemente Fomento, las sociedades y las entidades financieras alcanzaron un principio de acuerdo. Lo que ocurre es que ese pacto es una patada hacia adelante del problema. Ya que se ha aplazado la refinanciación de la deuda, pero el problema sigue estando ahí y puede desencadenar una actuación parecida a la concesión que lidera Isolux. "La AP-41 es una infraestructura de interés público que, al igual que otros muchos proyectos ha contado con una elevada financiación de la empresa privada", añadió.