El grupo español animará a los accionistas de Portugal Telecom a forzar una junta extraordinariaLa multinacional se compromete a mantener las condiciones laborales del operador brasileñomadrid. Telefónica acaba de mover una nueva pieza en su ofensiva para comprar el 50 por ciento de la sociedad que controla al operador brasileño Vivo. Para que la oferta de adquisición no distraiga en su actividad al líder la telefonía móvil de Brasil, la compañía que preside César Alierta se comprometerá a man- tener la gestión de Vivo. Al mismo tiempo, Telefónica garantizará las actuales condiciones laborales de la plantilla de la brasileña. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la multinacional, Telefónica quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y continuidad en Vivo, así como dejar claro que su objetivo consiste en generar sinergias con su negocio de telefonía fija, gestionado por Telesp, despejando de raíz cualquier amenaza de índole laboral. Tras el rechazo fulminante a la opa, por parte del consejo de administración de Portugal Telecom (PT), que el pasado martes se negó tajantemente a vender, Telefónica también incidirá sobre el resto de los agentes con ascendencia en el operador luso. Las mismas fuentes consultadas aseguran que el grupo español está dispuesto a iniciar una ronda de encuentros con todos los accionistas de PT, con el objetivo de promover una junta extraordinaria en los próximos días. Para materializar este empeño, la multinacional española necesita convencer al 5 por ciento del capital de PT, porcentaje mínimo requerido para forzar la celebración de una junta. Lo idóneo para Telefónica sería que los accionistas partidarios de la oferta de adquisición (por importe de 5.700 millones por el 50 por el ciento de Brasilcel, holding que controla el 60 por ciento de Vivo) instarán al consejo de administración a reconsiderar la situación. Accionistas no portugueses En el punto de mira de Telefónica se encuentran varios accionistas de referencia de PT: Banco Espirito Santo (titular del 7,99 por ciento), Brandes (7,89 por ciento), CGD (7,30 por ciento), Ongoing (6,74 por ciento), Barclays (5,12 por ciento), Visabeira (2,01 por ciento) y Controlinveste (2,28 por ciento). Los analistas de JB Capital Markets apuntaron ayer que "podrían surgir algunas discrepancias entre los accionistas de PT, especialmente entre aquellos que no son portugueses, es decir, el 55 por ciento del accionariado excluyendo Telefónica". Los mismos expertos esperan que "este grupo de accionistas no lusos hagan un poco de ruido por el hecho de no poderse beneficiar de la prima del 145 por ciento, puesto que creemos que será difícil para PT generar por su cuenta un valor similar para el accionista" en el futuro. La presión de Portugal Telecom también se puede hacer sentir por el lado de las centrales sindicales. Según informó ayer la agencia Ep desde Lisboa, el principal sindicato de trabajadores de PT reconoció ayer que la oferta de Telefónica por adquirir el totalidad de Vivo es "interesante". Sin embargo, los representantes de los trabajadores resaltaron que, "de momento", apoyan la decisión del consejo de administración de mantener Portugal Telecom y sus participadas como una empresa nacional. Pese a lo anterior, las centrales dejan la puerta abierta a futuros cambios en su compañía siempre que se preserven las actuales condiciones de los trabajadores, así como las pensiones de los empleados. Este último aspecto puede ser la palanca que podría mover a los sindicatos para presionar a PT, dada la incertidumbre que actualmente amenazan las prestaciones por jubilación de los empleados del operador portugués. Fuentes conocedoras de la situación estiman que el agujero del fondo de pensiones de la plantilla de PT supera los 1,1 millón de euros. El Gobierno luso gana tiempo Otro frente sobre el que Telefónica ejercerá presión será el propio estado portugués, que hasta ahora ha guardado silencio sobre la operación en la que se juega el futuro su campeón nacional de las telecomunicaciones. Dicha reserva se mantendrá hasta la celebración de una junta de accionistas. El gobierno que dirige José Sócrates es dueño de 500 acciones especiales de PT, del tipo A, así como titular de una golden share. A través de esta acción de oro (mecanismo declarado ilegal por la UE), el Gobierno luso podría vetar las decisiones sobre las desinversiones del grupo. El secretario de Estado de Comunicación, Paulo Campos, afirmó ayer que si el Estado fuese llamado para dar su opinión como accionista sobre la oferta de Telefónica para comprar la participación de PT en Vivo, lo haría en "sede propia", en una posible junta de accionistas.