La Kutxa también acudirá a la reunión, ya que tiene créditos por valor de 23 millonesbilbao. La agonía que vive el Grupo Ramón Vizcaíno (GRV), tanto por sus complicada situación económica, como por el enfrentamiento entre sus diferentes accionistas y directivos, será analizada este miércoles por el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que en todo momento han seguido el proceso desde una posición de unidad de acción. Kutxa también participará en la reunión. Los tres convocados a la reunión son acreedores directos de Ramón Vizcaíno. El Gobierno vasco participa en GRV, con cerca de un 16 por ciento del capital a través de varios fondos de capital riesgo, además de haberle concedido varios avales y créditos. La Diputación también es acreedora por cuestiones de índole fiscal. Finalmente, Kutxa está interesada en el devenir de GRV, grupo en el que tiene créditos por valor de unos 23 millones. Ante la gravedad de las pérdidas económicas que está sufriendo la compañía, la falta de un plan industrial y la escasez de empresarios que estén dispuestos a realizar inversiones en el grupo, la propuesta del Ejecutivo vasco es que Ramón Vizcaíno acuda a un concurso de acreedores, de carácter voluntario, con vistas a tratar de permitir la continuidad de parte de su actividad. La crisis que vive GRV afecta directamente a unos 400 trabajadores, que han reclamado al Ejecutivo vasco que acuda al rescate de la compañía. Sin embargo, el Gobierno no está dispuesto a inyectar más fondos en un grupo que carece de proyecto y de empresarios. El propio Gobierno lideró hace seis meses un proyecto de reflotamiento de la empresa, que incluía la concesión de nuevos avales y la entrada en el capital y en la gestión para reflotarla de Juan Luis Arregui e Ignacio López Gandasegui. Sin embargo, las discrepancias entre los socios truncaron el proyecto y los inversores desistieron de su oferta y se truncaron los planes. En un encuentro con el comité de empresa, los responsables de Industria explicaron que un concurso ordenado es lo que podría posibilitar que tras la liquidación de GRV pudiera salvarse alguna de sus actividades, cuestión que contaría con el respaldo del Ejecutivo.