madrid. La alta cuantía de los avales, así como la falta de capacidad financiera de muchos para lograrlos son grandes frenos al crecimiento del alquiler en España. No obstante, la exigencia de estos avales está empezando a reducirse fruto de la aparición del Programa de Fomento del Alquiler Garantizado (PFAG), que ofrece más garantías al propietario, como un seguro de cobro de la renta en caso de que el inquilino no la pague, y el arbitraje como vía más rápida que los juzgados para resolver conflictos entre las partes. Los avales se piden junto con el adelanto de dos mensualidades y la última nómina del inquilino. Su valor oscila entre seis meses y un año de alquiler. Los avales se pidieron en el 40 por ciento de los arrendamientos firmados hace un año. Pero este porcentaje se ha reducido al 34,4 por ciento, según el último Observatorio del Alquiler de marzo del PFAG. Los promotores del plan -la patronal de las agencias inmobiliarias AEGI y la asociación de arbitraje Aeade- esperan que caiga al 30 por ciento a finales de año.Son concedidos por personas físicas y bancos. En el primer caso, son asumidos normalmente por familiares, y no suponen gastos para el inquilino. Pero el 80 por ciento de los avales los otorgan bancos, con un alto coste. Por ejemplo, un aval para un alquiler de un año con una mensualidad de 900 euros supondría un desembolso para el inquilino de 10.800 euros, aunque el banco suele asumir esa cantidad a modo de préstamo. Pero la persona que solicita el aval debe abonar al banco una cantidad en concepto de gastos de apertura de la operación (una media del 1 por ciento del total) y una comisión trimestral que también puede llegar al 1 por ciento. El resultado sería un gasto de 540 euros en el primer año de alquiler para el mismo ejemplo, un 5 por ciento más.En cambio, el precio de los servicios del PFAG oscila entre 18 y 30 euros al mes (216 y 360 euros al año), coste que el propietario puede repercutir en la renta de alquiler.