La Fiscalía de Perú ha incluido a Enagás en la investigación sobre la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), vinculada al caso Lava Jato, centrada en la trama de soboronos de Odebrecht a la cúpula gubernamental del país. Enagás, que dice no tener conocimiento de ilegalidad alguna, era socia de la constructora brasileña en el proyecto, valorado en 6.500 millones de euros, que se suspendió en 2017 por el escándalo. A la empresa española le ejecutaron 225 millones en garantías financieras y decidió acudir a la Corte de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, exigiendo al Estado peruano un total de 411 millones, al incluir las inversiones ya realizadas en el gasoducto. Arbitraje de 411 millonesEste proceso ha seguido su curso y el último paso se produjo el pasado 20 de enero, cuando Enagás presentó su demanda. Perú tiene que presentar su contestación antes de que concluya el mes de mayo.Durante estos años, Perú ha estado investigando las actuaciones de Odebrecht, sin que afectaran a Enagás; únicamente uno de sus empleados ha estado incluido en una investigación preliminar.Sin embargo, el verano pasado la firma carioca empezó a colaborar con el Estado peruano, reconociendo que había realizado pagos ilícitos para conseguir la adjuidcación del GSP. Y ahora –en un momento clave del procedimiento arbitral en el Ciadi– la prensa local informa de que se ha ampliado la investigación para incluir a 31 personas, entre las que está David San Frutos, representante de Enagás en el país, sospechando que habría realizado dos pagos a Odebrecht, por 56 millones y 81 millones de euros.Ante las informaciones de prensa, Enagás ha emitido un comunicado en Perú, indicando que "no ha participado ni tenido conocimiento de acto ilícito alguno con ocasión de la licitación y adjudicación internacional del proyecto GSP".