Duro revés para Mikhail Fridman, el magnate ruso que se ha hecho con el 70 por ciento del capital de Dia, a tan solo unos días de que el próximo 30 de agosto la junta de accionistas apruebe la refinanciación de la compañía. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le cite a declarar en calidad de investigado, por haber maniobrado ante la situación de quiebra de la tecnológica española Zed WorlWide, especializada en la prestación de servicios digitales, para poder adquirirla por tan solo 20 millones de euros, "un precio irrisorio", según el escrito. Tal y como adelantó elEconomista el pasado mes febrero, el fiscal José Grinda considera que Fridman lidera una red que está especializada precisamente en provocar la quiebra de empresas, para quedárselas después a precio de saldo. "Se evidencian elementos incriminatorios no solo respecto a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible, cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikhail Fridman", aseguraba Anticorrupción. En esta misma línea, el fiscal ha remitido ahora un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, adelantado ayer por Europa Press, en el que explica que Fridman "tiene el control de los acontecimientos que, junto con la conducta de otros investigados, derivaron en la insolvencia de Zed WordWide", que presidía el empresario Javier Pérez-Dolset.El representante del Ministerio Público considera que la finalidad de las decisiones de Fridman era "el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia), para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado".El escrito apunta que del análisis de toda la información conseguida a lo largo de esta instrucción cabe deducir que el inversor ruso lideró "una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como raider (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas". En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la Operación Hanta por la que fue detenido Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide en España objeto de investigación. Sin embargo, un reciente informe policial que obra en el sumario, al que ha tenido acceso este periódico, pone en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados para demostrar que Fridman ostenta "el poder fáctico y directo" sobre los directivos y las decisiones que se adoptaron, causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.En el informe policial se explica que "la finalidad última de este método criminal no sería únicamente apoderarse de forma ilícita de una parte de las ganancias de la compañía objetivo, sino que pretende el control sobre la totalidad de esa sociedad". Para ello, según explican los responsables de la investigación, "los criminales utilizarían tácticas convencionales como el fraude, obstrucción a la Justicia, coacciones y amenazas en conjunción con resoluciones judiciales y/o corporativas, control de las decisiones de consejos y juntas de dirección, restricción de flujos de liquidez, congelación de operaciones y otros medios supuestamente legales como tapadera de la actividad delictiva".Las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía parten de informes realizados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Ucdev) y la Brigada de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía, que está en colaboración con EEUU, Holanda y Suiza.La Fiscalía federal de Suiza dio precisamente la voz de alarma contra Fridman, tras detectar un posible delito de blanqueo de capitales, procedente del pago de sobornos. El proceso se inició después de que la hija del expresidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova, exembajadora además en España, hiciera una retirada masiva de fondos del banco Lombard Odier, tras haber cobrado comisiones supuestamente ilegales, pagadas al parecer por el magnate ruso.