Escepticismo: nadie se cree la Ley de Unidad de Mercado

La Ley de Unidad de Mercados es ya una realidad, pero a su alrededor lo que se percibe es un gran desconocimiento sobre su contenido, aplicación inmediata y, además, un gran escepticismo sobre la viabilidad de su aplicación.

Nadie pone en duda la urgente necesidad de racionalizar el entramado normativo que dificulta y encarece la actividad empresarial en la España de las 17 autonomías. Pero tampoco se percibe que con esta ley se haya dado con la solución, debido a las reticencias que se están dando en varias comunidades autónomas y ayuntamientos, que reivindican sus propias competencias, cuando la colaboración inter-institucional es vital para su ejecución.

Al margen de las grandes patronales, la mayoría de agentes económicos opta por la prudencia y por esperar hasta ver sus resultados. "Hay que ver cómo queda el tema porque a veces lo que se plasma en el papel, luego se aplica de forma diferente", apuntan.

Ya en vigor

Tras su publicación en el BOE, el pasado 10 de diciembre, ya están en vigor varios de sus preceptos como el hecho de que se limitan sustancialmente las actividades económicas que han de solicitar "licencia" o tramitación de "declaraciones responsables" para poder operar.

Además, desde el Ministerio de Economía y Competitividad recuerdan que las administraciones sólo podrán aducir para exigir dichos trámites razones de orden público, seguridad, salud y protección del medio ambiente, pero, a su vez para ello deberán "motivar" la necesidad de dichas exigencias y argumentar la "proporcionalidad" de la medida.

Por lo que se refiere a la licencia única, precepto estrella de la ley (que se limita a la del lugar de origen de la empresa o profesional) y que implica crear la ansiada "unión económica de las autonomías españolas" para terminar con el actual "reino de taifas" administrativo, habrá que esperar hasta marzo de 2014, ya que el Gobierno debe acordar con las 17 comunidades autónomas la racionalización y homologación de 2.700 normativas.

Menos trabas

El Ministerio de Economía y Competitividad insiste en que la eliminación de las trabas burocráticas redundará directamente en la actividad económica, lo que se traducirá en una aportación positiva al PIB del 1,5%, lo que equivaldrá a unos 15.000 millones en diez años. Esto implicaría que en el primer ejercicio completo de aplicación de la Ley su impacto en generación de PIB sumará unos 1.500 millones.

Otro elemento que ya está en funcionamiento es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la que cualquier empresa o profesional puede acudir directamente en demanda de amparo cuando considere que una norma que intentan aplicarle transgrede el mercado único, cuestión que la CNMC ha de resolver en cinco días y puede ordenar ejecutivamente la suspensión cautelar de la normativa.

El hecho de que la Ley haya sido aprobada sólo con los votos del PP y el rechazo de toda la oposición no ayuda a que se genere confianza a su alrededor, ni a que el trabajo posterior que habrá de coordinarse con las autonomías goce de un ambiente favorable.

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Información elaborada por Carmen Larrakoetxea, Carlos Pizá, Javier Alfonso, Rafa Daniel, Verónica Sosa, Ruth Lodeiro, Esther Porta y Eva Sereno.