El Ministerio de Hacienda se ha cruzado en el camino de Microsoft Ibérica por culpa de la no liquidación del impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005. El departamento que dirige Cristóbal Montoro, que nunca da puntadas sin hilo, también reclama a la filial española del gigante norteamericano el abono del impuesto sobre la renta de no residentes del ejercicio 2006, un asunto de menor cuantía, pero que sumado al primero arroja una deuda total de 12,06 millones de euros, intereses de demora incluidos.
Las dos reclamaciones se encuentran en manos de los tribunales de justicia, que aún no han resuelto los dos contenciosos administrativos. La decisión es de suma importancia por doble vía: en primer término, porque el montante que el fisco reclama al mayor fabricante de software del mundo supera ampliamente los 8,9 millones de beneficios declarados por Microsoft Ibérica en 2011 y le haría entrar en números rojos.
En segundo lugar, porque la reclamación del Ministerio de Hacienda persigue no sólo ingresar unos impuestos no devengados, sino también dar un tratamiento fiscal igualitario a las empresas, españolas o extranjeras, que desarrollan su actividad comercial en nuestro país.
El proceso judicial se presenta largo, pero debería servir para aclarar el terreno de juego en el que deben jugar todas las multinacionales instaladas en España, algunas de las cuales siguen buscando resquicios legales para eludir impuestos que finalmente pagan en Holanda o Irlanda.