La UE establece la hoja de ruta para combatir el “eco-lavado”

Por Clémence Cohendet, especialista en ASG de Pictet WM

Cada vez más los clientes, especialmente la nueva generación, quiere saber cómo su riqueza se puede invertir en soluciones de inversión que aborden cuestiones ambientales o sociales, basadas en preferencias y objetivos personales. Quieren conoce para qué se utilizará su dinero, además de generar rentabilidad, en todos los ámbitos y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De hecho este interés aumenta a medida que las instituciones y líderes internacionales crean condiciones favorables, hasta el punto que la inclusión de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las decisiones de inversión se convertirá en la norma.

Al respecto la Comisión Europea puso en marcha en 2018 el Plan de Acción para la Financiación del Crecimiento Sostenible, centrado en el reconocimiento de que las finanzas tienen un papel fundamental para cumplir el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático. Desde entonces, los flujos de inversión hacia estrategias de inversión sostenibles se han acelerado y ya representan miles de millones de euros sólo en Europa. Ahora bien, esto ha llevado a un auge de “eco-lavado”, es decir, la tergiversación de productos de inversión como más respetuosos con el medio ambiente de lo que en realidad son.

De manera que la UE está definiendo divulgaciones obligatorias y normas más estrictas para que estos productos se consideren sostenibles. Estos cambios van a proporcionar un lenguaje común para la inversión responsable y aportar claridad y coherencia al mercado de las finanzas sostenibles en la UE.

El calendario parte del 10 de marzo de este año, con la aplicación del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Trata de distinguir la inversión tradicional, donde las decisiones se toman en base a consideraciones exclusivamente de rentabilidad financiera, de estrategias con criterios ASG integrados además de factores financieros. Al respecto todos los gestores de activos con operaciones en UE deben informar sus soluciones de inversión sostenibles, distinguiendo aquellas que además de incluir análisis ASG, seleccionan empresas de mejores métricas al respecto y excluyen actividades controvertidas. Hay que demostrar diálogo activo y ejercicio del derecho de voto respecto a empresas con baja calificación ASG, en un esfuerzo por hacerlas mejorar. Por otra parte, más allá de “evitar lo malo”, distingue las soluciones de inversión con impacto positivo, es decir, con objetivo de inversión sostenible, que seleccionan empresas que contribuyen al mismo.

Además está en marcha una taxonomía de la UE, paso adicional necesario aportar claridad y disciplina a la actual sopa de letras de siglas y etiquetas sostenibles. Al respecto el Reglamento sobre Taxonomía establece seis objetivos medioambientales: mitigación y adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular y prevención y control de la contaminación. Se espera que su implantación comience a principios de 2022 y ayude a todos a entender mejor los productos ambientalmente sostenibles. También pretende ser una herramienta para la aplicación del Pacto Verde Europeo. Efectivamente, introduce definiciones comunes, de manera que empresas y responsables de formulación de políticas puedan planificar mejor la transición hacia una economía circular neutral en emisiones de carbono. Su desarrollo puede llevar a la creación de etiquetas ecológicas para fondos y bonos hacia 2023, armonizando una plétora de sellos que carecen de claridad y difieren.

A largo plazo facilitará la selección de productos financieros alineados con las necesidades y preferencias de los clientes. De hecho la UE ha propuesto para finales de 2022 cambios regulatorios que requerirán que los profesionales del asesoramiento de inversiones o que toman decisiones de inversión en nombre de clientes, tengan en cuenta las preferencias ASG de estos. Pasará a formar parte de las “evaluaciones de idoneidad”, con el apetito por el riesgo y conocimientos y objetivos financieros de los clientes. Los asesores financieros estarán obligados a solicitar del cliente o cliente potencial sus preferencias respecto a productos que tienen objetivos de inversión sostenible o promueven características ambientales o sociales. Empoderará a los inversores europeos.

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