Economía

La airef advierte sobre el déficit de correos y el elevado coste para el estado

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Distintas entidades, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicadas, han puesto de manifiesto durante los últimos meses la necesidad de acometer cambios en Correos y establecer un modelo de negocio que le convierta en el futuro en un operador viable.

El informe de la Airef advierte sobre el déficit financiero en Correos y señala que es una empresa poco eficiente, lo que la sitúa en una situación de desventaja en la comparación con sociedades similares de otros países europeos. Destaca, asimismo, el elevado coste que supone para el Estado.

El documento pone en duda las proyecciones del borrador de plan estratégico elaborado por Correos y considera que en realidad las pérdidas previstas hasta 2023 superarían en 500 millones de euros a las proyectadas.

Ante esta situación, la Airef propone una serie de medidas para reorganizar el servicio postal que reducirían su coste en unos 100 millones anuales, pero implicaría una reducción del número de oficinas postales que afectaría al empleo, lo que entraría en conflicto con el aumento de plantilla proyectado, de más de 11.000 puestos de trabajo, y la subida salarial pactada en el último convenio.

El informe de la Airef llega después de la decisión que adoptó el año pasado la Comisión Europea (CE) de ordenar a España recuperar casi 167 millones de euros en ayudas estatales concedidas a Correos, tras determinar que la empresa pública se benefició de una compensación excesiva por el servicio postal universal entre 2004 y 2010 y también de exenciones fiscales incompatibles.

Bruselas tiene bajo vigilancia las aportaciones estatales a Correos, destinadas a cubrir el coste del Servicio Postal Universal (SPU). En los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se asigna a Correos una subvención de 150 millones de euros para el SPU, cifra superior a la del año anterior y a los aproximadamente 120 millones de euros de 2017. En 2016 y 2015 la subvención ascendió a cerca de 180 millones en cada ejercicio, en 2014 superó los 500 millones y un año antes la cifra fue de 318 millones. Entre 2011 y 2018 la Administración habría aportado más de mil millones de euros para la cobertura del Servicio Postal Universal.

La CNMC ha alertado de la situación financiera y de la falta de concreción del coste real de la cobertura del Servicio Postal Universal para el Estado, lo cual dificulta determinar la cuantía que la Administración debe aportar para cubrir el SPU. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha obligado a la empresa a reformular la contabilidad en algunos ejercicios.

El Tribunal de Cuentas ya advirtió de que Correos no disponía de un procedimiento contable para determinar los costes reales asociados a la cobertura del servicio universal, por lo que reclamaba un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal que concretara las condiciones de la prestación, los criterios técnicos y el procedimiento para determinar el coste del SPU y su forma de financiación y los criterios a tener en cuenta para determinar la contribución del Estado.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, una institución privada que elabora estudios sobre cuestiones de relevancia social, ha evaluado la situación de Correos desde la perspectiva de operador en el negocio de paquetería, en el que intenta posicionarse como alternativa a la caída de la actividad postal.

En sus últimos informes constata que Correos "daña la libre competencia entre operadores al no ser capaz de separar su actividad postal de la de paquetería y de utilizar los recursos estatales para financiar y competir en este negocio privado".

(SERVIMEDIA)

15-ABR-19

S/gja/caa

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