UGT y CCOO rechazan gestión económica navarra de Seguridad Social

Pamplona, 27 oct (EFECOM).- Los sindicatos UGT y CCOO, cuyos máximos dirigentes mantuvieron hoy una reunión, mostraron su "preocupación" por la resolución del Parlamento Foral favorable a realizar desde Navarra la gestión económica de la Seguridad Social, ya que este tipo de planteamientos "son los que atentan, aunque se diga lo contrario, contra la caja única de la Seguridad Social".

Ese tipo de propuestas, señalaron los sindicatos en un comunicado conjunto, "son apuestas arriesgadas que pueden perjudicar en el medio y largo plazo a los intereses de los trabajadores. El futuro hay que mirarlo con perspectiva y no con coyunturas puntuales económicas o electorales".

"Donde hoy encajan los números, mañana puede que no", indicaron UGT y CCOO, que subrayaron que "sólo hay que mirar hacia atrás, o a nuestro entorno más cercano como puede ser la CAV, que en los últimos ocho años viene generando un importante déficit en la materia, un déficit que se resuelve con la solidaridad del Estado, como ya ocurriera en otros momentos con Navarra".

Los sindicatos mostraron su respeto al Parlamento y a sus decisiones "legítimas y democráticas", pero reiteraron su "desacuerdo y oposición a cualquier proceso que ponga en riesgo derechos fundamentales de los trabajadores", por lo que hicieron "un llamamiento a la reflexión".

En la reunión entre sendas delegaciones de UGT y CCOO de Navarra, encabezadas por sus secretarios generales, Juan Goyén y José María Molinero, respectivamente, los sindicatos coincidieron en situar la siniestralidad y la precariedad como "elementos más preocupantes" y como "los peores indicadores socioeconómicos de la comunidad".

Al respecto, ambas organizaciones expresaron su preocupación por "la pérdida de empleo industrial y por la calidad del empleo que se crea", así como por "la debilidad de algunos sectores de actividad".

Por estos motivos, CCOO y UGT se emplazaron a exigir a la Administración una política industrial activa "capaz de adelantarse a los cambios" y una mayor implicación en su papel de "vigilante y controlador del cumplimiento de las normas y legislación que regulan estas materias", especialmente las de Contratación y Seguridad y Salud laboral.

Además, exigieron políticas económicas tendentes a "la creación de riqueza y un reparto equitativo y justo de esa riqueza", sobre todo en materia de bienestar social, educación, sanidad y vivienda, aspectos que "conforman el salario diferido".

También exigieron a los empresarios "un marco de competencia leal", en el que "el deterioro de las condiciones laborales no sea un elemento de competitividad".

Desde el ámbito empresarial, agregaron, "se ha de denunciar a aquellos que, llamándose empresarios, por sus prácticas irregulares no lo son", ya que "la competitividad se ha de asentar en un tejido productivo basado en el I+D+I, en la diversidad, en la calidad y productividad, con trabajadores con derechos, cualificados y estables, seguros y bien remunerados".

En ese contexto, ambas organizaciones se comprometieron a impulsar propuestas que "permitan atajar estos y otros problemas, entre otros las políticas de igualdad e inmigración, propuestas que serán trasladadas a Gobierno y patronal con el fin de que se adopten medidas más eficaces frente a la siniestralidad laboral y frente a la temporalidad y precariedad laboral".

Por último, instaron a "reforzar un tejido productivo que ha de seguir siendo el motor del desarrollo económico y social de la comunidad, y que en estos momentos muestra agotamiento en algunos sectores". EFECOM

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