Senado pide T.Cuentas más fiscalización en la publicidad de AAPP

Madrid, 3 oct (EFECOM).- La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del Senado pidió hoy a este organismo que incluya en sus Planes Anuales de Fiscalización, informes sobre campañas de publicidad de las administraciones públicas estatal y autonómicas, así como de las principales entidades locales.

Esta propuesta de resolución del PSOE transaccionada con el PP, aprobada hoy y defendida por su diputado Ricard Torres, se refiere al uso de las campañas de publicidad del Ministerio de Trabajo, antes de las elecciones generales de marzo de 2004, cuando estaba dirigido por Eduardo Zaplana.

También se aprobó otra propuesta del grupo socialista en la que pide al Gobierno que ponga en práctica los mecanismos que permitan evitar los excesivos gastos en publicidad institucional, con la posibilidad de que esa publicidad se potencie a través de las nuevas tecnologías.

Fue rechazada, sin embargo, otra propuesta de resolución de PP, defendida por su portavoz, Vicente Martínez Pujalte, en la que instaba al Gobierno a "evitar las filtraciones en el desarrollo del trabajo que hace el Tribunal de Cuentas", ya que, en su opinión, "su información final no tiene nada que ver con lo que han dicho antes los medios de comunicación".

Asimismo, fueron aprobadas tres propuestas de resolución de IU-ICV, defendidas por Isaura Navarro, de las cuatro que se presentaron.

En una de ellas, pide al Ejecutivo que las campañas publicitarias generadas por los ministerios se ajusten a los principios de "objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación, eficiencia y racionalidad económica".

En otra de las propuestas aprobadas, IU-ICV pide al Gobierno que los créditos destinados a la publicidad institucional determinen su carácter "limitativo y vinculante", y además, también obtuvo el apoyo para solicitar al Ejecutivo que mejore la realización de las actividades publicitarias de sus respectivos ministerios.

Fue rechazada otra propuesta en la que se instaba al Ejecutivo a que tipifique como un nuevo delito electoral la desobediencia flagrante a los acuerdos adoptados por las Juntas Electorales en materia de publicidad institucional.

Las propuestas se basan en la consideración del Tribunal de Cuentas sobre el Ministerio de Trabajo, dirigido en 2003 y 2004 por Eduardo Zaplana, en la que asegura que hizo un uso partidista de las campañas de publicidad contratadas y difundidas esos años para mejorar la imagen institucional antes de las elecciones generales de 2004.

Según el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la publicidad del Ministerio de Trabajo durante los ejercicios 2003 y 2004, en enero de 2003, la Secretaría de Estado habilitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para tramitar por la vía de urgencia la contratación de una campaña de publicidad dirigida a los pensionistas.

Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas considera que no existía tal urgencia y recuerda que ni la revalorización ni la paga única son "acontecimientos imprevisibles", sino "previsibles, sistemáticos, anuales" y obligados por la ley de pensiones de 1997.

Además, tras analizar la eficacia de la campaña, el llamado estudio "post test" (que exige el propio contrato) afirma que la campaña y su lema ("dicho y hecho") presentan una "doble intencionalidad", la de vincular el "antes" con el "miedo" y la gestión del PSOE y el "ahora", con la "seguridad" y el gobierno del Partido Popular.

La campaña de 2004 presentó similares características que la del 2003, ya que, aunque la adjudicación no se hizo por vía urgente, su desarrollo se justifica de manera "deficiente", porque la revalorización de las pensiones no es una decisión política, sino que está obligada por la ley de 1997.

La campaña fue suspendida por la Junta Electoral Central, que consideró improcedente su difusión en periodo electoral, algo que, según el Tribunal de Cuentas, "provocó un innecesario coste económico al presupuesto de la Seguridad Social".

En concreto, el INSS tuvo que abonar al adjudicatario una indemnización de 210.985 euros por la parte de la campaña que no pudo ser emitida.EFECOM

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