El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoce que la deuda de la isla es "impagable" y considera que es hora de sacar a este Estado Libre Asociado a EEUU de la "espiral mortal" en la que están envueltas sus finanzas públicas.
Así lo asegura en una entrevista con The New York Times, adelantando un mensaje que previsiblemente comunicará hoy a toda la ciudadanía para anunciar su decisión de buscar la reestructuración de la deuda, que supera los 72.000 millones de dólares.
El reconocimiento de que "la deuda es impagable; que no es cuestión de política sino de matemática" es una admisión que García Padilla se había negado a hacer hasta ahora, y que deja a la isla en un limbo, ya que, al no ser un estado de EEUU, no puede declararse en bancarrota según la legislación federal.
La entrevista se realizó la semana pasada, pero se publica haciéndola coincidir con la difusión que García Padilla tiene previsto hacer el lunes de los resultados de un informe encargado a exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en el que éstos, según el diario, concluyen que la carga de la deuda efectivamente es "insostenible". "En EEUU no hay precedentes de esta dimensión o este alcance", asegura el informe, dirigido por la ex economista jefe del Banco Mundial Anne Krueger y al que The New York Times dice haber tenido acceso.
Con esta entrevista el Gobierno parece preparar el terreno para anunciar hoy su intento de aplazar y renegociar el pago de la deuda, una decisión que, en palabras del diario, "probablemente tendrá amplias repercusiones financieras". García Padilla afirma que "seguramente se buscarán concesiones significativas de todos los acreedores posibles", lo que podría incluir "el aplazamiento de algunos pagos por incluso cinco años".
Evitar el default
Esta decisión coincide temporalmente con el agravamiento de la crisis que vive Grecia en torno también a la carga de su deuda, lo que hace inevitables las comparaciones entre ambas economías. "Un impago podría dejar a la isla, sus acreedores y sus residentes en un limbo legal y financiero que, como la crisis de la deuda en Grecia, podría tardar años en resolver", afirma el diario neoyorquino.
"Mi Administración está haciendo todo lo posible para evitar el impago, pero tenemos que hacer que la economía crezca. Si no, estamos en una espiral mortal", explica García Padilla al diario, que recuerda que la isla, de 3,6 millones de habitantes, acumula más deuda municipal que cualquier otro estado de EE.UU.
El mercado de la deuda municipal estadounidense es gigantesco y la cantidad de deuda puertorriqueña es de tal calibre y está tan repartida entre inversores estadounidenses particulares que los expertos temen un desequilibrio financiero de importantes dimensiones.
García Padilla asegura en la entrevista que su Gobierno no puede seguir pidiendo dinero prestado para hacer frente al déficit presupuestario mientras se le reclama a sus residentes, que ya están luchando con altos índices de pobreza y delincuencia, que asuman la mayor parte de la carga a través de aumentos de impuestos y recortes de pensiones.
Ante la posibilidad de que los acreedores no quieran negociar, afirma que "será peor para ellos". "Nuestra economía va a entrar en una situación peor y tendremos menos dinero para pagarles. Se estarían disparando en el pie", añade.
Aunque hasta ahora el Gobierno se había negado a hablar de renegociar la deuda, algunas empresas públicas ya lo habían empezado a hacer, como al Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ya ha tendido que aplazar algún pago y lleva meses de negociaciones con sus acreedores.
Se da la circunstancia de que el miércoles, 1 de julio, comienza el nuevo ejercicio fiscal, para el que aún no hay aprobado un presupuesto, y llega el vencimiento de varios pagos de deuda, que parecen inasumibles para el Gobierno y sus empresas públicas.
De llegar a hacerse, ésta será la primera vez que un estado o un territorio de EEUU reestructure el pago sus obligaciones generales, unos instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno y que están garantizados por la Constitución estatal, con prioridad de pago ante cualquier otro gasto público.
