El Estado controlará la nueva Fundación Estatal que presidirá la secretaria de Estado de EmpleoEl Gobierno aprueba la reforma que aparta a
los agentes sociales de la gestión de los fondos
"Mas transparencia, más control, más calidad, evaluación permanente y trabajadores mejor formados". Éstas son, en palabras de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, las características que definen la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que, como adelantó elEconomista, abre la oferta formativa a la libre concurrencia de todos los proveedores acreditados y aparta a los agentes sociales de la gestión de los fondos, reduciendo su papel al de asesores en el "diseño estratégico, planificación, programación y difusión" de la formación.
Sindicatos y empresarios desarrollarán estas labores a través de las denominadas Estructuras Paritarias Sectoriales, dentro de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que sustituya a la actual Fundación Tripartita, y los trabajos que realicen recibirán la financiación correspondiente que fijará anualmente el Ministerio de Empleo en el ámbito del diálogo social.
Como establece el Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, esta retribución a las organizaciones empresariales y a los sindicatos "se realizará a través del presupuesto asignado a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo o de las Administraciones competentes, y su distribución se realizará en función de la actividad efectivamente realizada".
El Decreto de reforma concreta también las funciones a desarrollar por las Estructuras Paritarias Sectoriales, entre las que destacan: la prospección y detección de las necesidades formativas sectoriales; la propuesta de orientaciones y prioridades formativas; la propuesta de mejoras de la gestión y de la calidad de la formación en su ámbito sectorial; la elaboración de propuestas formativas relacionadas con los procesos de ajuste, reestructuración y recualificación de los trabajadores; o la mediación en los procesos de discrepancias y definición de mecanismos que favorezcan los acuerdos en materia de formación en el seno de las empresas.
Además de financiar estas actividades, el Gobierno podrá "indemnizar" a los participantes en las mismas por sus gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento. La nueva Fundación Estatal para el Empleo estará presidida por la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, y en su composición habrá mayoría del Gobierno, a diferencia de la Fundación Tripartita, en la que el Ejecutivo, las patronales y los sindicatos contaban con nueve miembros cada uno.
Un cambio sin consenso
Aunque la ministra Fátima Báñez, aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma de la formación se ha dialogado "hasta la extenuación" con los agentes sociales, a lo largo de más de medio centenar de reuniones, el Real Decreto se aprueba finalmente sin consenso, especialmente por la oposición de las patronales CEOE y Cepyme que mantienen que si los dineros para la formación los ponen las empresas a través del 0,6 por ciento de las cotizaciones sociales también deben gestionarlos las empresas.
Los agentes sociales dejarán de ser "juez y parte" en la formación, y permitirá que sea "el mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas de formación", apostilló Fátima Báñez, quien resaltó también que uno de los principios de la reforma es la "tolerancia cero contra el fraude" por lo que aseguró que, a partir de ahora, cada euro que va a formación se dedicará a este asunto.
Para ello recordó que se crea una Unidad Especial de Inspección, dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al tiempo que se elevan las sanciones para las empresas que utilizan de manera irregular los fondos recibidos.
A este respecto, la titular de Empleo indicó que la empresa que "lo haga mal" durante cinco años no tendrá recursos del sistema para seguir haciendo formación. Además, explicó que habrá un sistema integrado de información con las autonomías para saber en todo momento, "qué formación se está dando, qué personas se están formando, y en qué se está formando cada uno de los trabajadores".
El nuevo sistema reconoce también el derecho a la formación individual de los trabajadores autónomos en situación de igualdad con los trabajadores asalariados y empresas, por lo que ha sido favorablemente acogida por las organizaciones de representación de los autoempleados ATA y UPTA.
En la misma línea, las patronales de los centros y entidades de formación -Aegef, Apel, Cecap y Cece- se felicitan por la entrada en vigor de la reforma que "supondrá un impulso en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores desempleados, facilitará el mantenimiento en el empleo de los ocupados y contribuirá a incrementar la competitividad de las empresas".