El Gobierno catalán ha acordado plantear un conflicto positivo de competencia al Tribunal Constitucional (TC) por diversos aspectos del Real Decreto que regula la acreditación de competencias profesionales de una persona, independientemente de si han sido obtenidas a través de la experiencia profesional o de la formación.
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
El acuerdo de Govern de este martes argumenta que la normativa española otorga al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) unas funciones de carácter ejecutivo en lo que se refiere a la teleformación de estos certificados, sin tener en cuenta que el Estatut d'Autonomia establece que las competencias ejecutivas en materia de trabajo y relaciones laborales deben ser asumidas por la Generalitat.
La interposición de este conflicto de competencia llega después de que el Ejecutivo catalán formulase el 7 de mayo un requerimiento previo de incompetencia que el Gobierno central rechazó, motivo por el cual pidió un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias que ha concluido que existe vulneración competencial.
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