La amnistía fiscal ha ingresado 1.191 millones de euros, cerca de un 48%, algo menos de la mitad, sobre los 2.500 millones que pensaba recaudar Hacienda para hacer frente al déficit público y que eran el único objetivo de este procedimiento de regularización.
La noticia la ofreció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en una jornada celebrada en la ciudad malagueña de Mijas, en la que comentó que la cantidad recaudada implica un volumen de activos y rentas afloradas cercano, al menos, a los 12.000 millones de euros, dado que el tipo aplicable sobre los importes incluidos en la declaración tributaria especial (DTE) ha sido del 10 por ciento.
Sin embargo, Montoro no incluyó en su cálculo el volumen de activos regularizados sin ingresar cantidad alguna, puesto que ya se encontraba prescrito el derecho de Hacienda para reclamar la tributación correspondiente.
Tampoco se han incluido las cantidades ingresadas de forma complementaria por los contribuyentes beneficiados por la amnistía fiscal, ya que están obligados a declarar en el IRPF las rentas generadas por los activos regularizados en el ejercicio de 2011, ya que la amnistía solo afectaba a las rentas anteriores al 31 de diciembre de 2010.
En la misma línea, tampoco facilitó las cantidades ingresadas por las declaraciones complementarias por otros tributos afectados, como el IVA, Sociedades, Patrimonio o Transmisiones Patrimoniales, en aquellos casos en que corresponda.
En una nota posterior, facilitada por el Ministerio de Hacienda, se anunciaba que "se podrá ofrecer un balance más completo sobre los capitales aflorados, así como de los ingresos relacionados con dicho proceso. Todo ello, una vez analizadas las declaraciones tributarias especiales y declaraciones complementarias ya presentadas, y las extemporáneas que se puedan seguir presentando por IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio e IVA".
Declaraciones de última hora
La Agencia Tributaria ha recibido 31.484 declaraciones, con un importe medio de 37.830 euros, de las que casi el 93 por ciento del total se han presentado en el mes de noviembre, con un total de 29.242 declaraciones, por un importe a ingresar de 1.050 millones de euros. Los primeros informes de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat), ya mostraron que en mayo no se había recaudado ni un solo euro, mientras que en junio había 18,5 millones en la caja pública.
Fue tras la publicación por elEconomista de que sólo se habían recaudado 50,4 millones de euros, el 2% sobre lo previsto, cuando se produjo el apagón informativo para evitar el desgaste que le estaba produciendo al Gobierno una recaudación tan baja.
Fue a finales de noviembre cuando los técnicos de Hacienda, a través de Gestha, desvelaban el secreto tan bien guardado hasta ese momento. A finales de octubre, la recaudación tan sólo sumaba 149 millones de euros, lo que suponía algo más del 6 por ciento sobre los 2.500 millones que marcaban el objetivo de Hacienda.
Esta avalancha de declaraciones en el último mes, venía siendo anunciada por los asesores fiscales, que consideraban que la normativa que regía el procedimiento presentaba una gran inseguridad jurídica y generaba desconfianza entre los contribuyentes infieles.
Fruto de esta desconfianza, la Dirección General de Tributos se vio obligada a publicar dos circulares en las que explicaba los aspectos más controvertidos del procedimiento y adelantaba la forma de actuar que los departamentos de Recaudación e Inspección con respecto a las declaraciones realizadas.
En una jornada realizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales en el mes de octubre, como ejemplo, buena parte de las preguntas buscaban el compromiso de Hacienda, en la figura de los funcionarios participantes en la jornada, de que la Inspección no va a investigar directamente las declaraciones presentadas, sino únicamente cuando se trate de inspecciones iniciadas con carácter aleatorio.
Dudas sobre su legalidad
Sin embargo, la mayor incertidumbre lo plantearon los recursos presentados por el PSOE ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, en los que se ponía en duda la legalidad del procedimiento en curso.
El rechazo de la demanda por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que consideró que el PSOE no tenía legitimación suficiente para plantear la demanda, supuso un respiro para el proceso de declaraciones, que concluyó el 30 de noviembre.
La demanda planteada ante el Tribunal Constitucional, sin embargo, no tuvo el mismo peso, puesto que no se espera hasta dentro de unos años el fallo, cuando hayan prescrito muchos de los bienes.
Montoro: "Ha valido la pena"