Italia, ya sea por boca de su primer ministro Mario Monti o a través de miembros de su Gobierno, le ha cogido el gusto a atacar a España. En la última ocasión, hace unos días, Maria Cannata, responsable de gestión de deuda del Tesoro italiano, aseguró que los costes de financiación a un año de Italia han subido, en gran parte, por el contagio relacionado con los temores sobre los problemas presupuestarios de España. Le dice la sartén al cazo, podría sentenciarse, dado que las medidas de ajuste y reformas acometidas hasta ahora por nuestro país superan en número y cantidad a las emprendidas por el gobierno del tecnócrata. En cifras redondas, el tijeretazo español ya asciende a 47.000 millones de euros, frente al transalpino que se queda en 30.000 millones.
Pero hay aún otro dato más revelador. Esta última cifra corresponde al plan Salva Italia, aprobado el 4 de diciembre, que cuantificaba 12.000 millones en ajuste del gasto y 18.000 millones en recaudación. No se conocen más medidas desde entonces. Frente a esto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva acometiendo medidas desde el primer momento y no ha parado.
Juró su cargo el pasado 21 de diciembre y el primer gran golpe lo dio en el Consejo de Ministros celebrado el 30 de diciembre. En aquella ocasión el Gobierno anunció su primer gran paquete de medidas, para tratar de reducir el déficit público que, tal y como indicaron en esa ocasión, superaba el 8%, muy por encima del objetivo fijado desde Bruselas. El monto total del ajuste alcanzaba los 15.000 millones de euros, una cifra exacta a la del tijeretazo de Monti hasta ahora.
En concreto, se incluía una subida temporal del IRPF tanto a las rentas del trabajo como las del capital, y con las que el Ejecutivo pretende recaudar un total de 5.350 millones. Asimismo, se elevaba el IBI para los pisos del rango superior a la media de valor catastral, para recaudar otros 918 millones de euros.
Y no se quedaba ahí la cosa, sino que el Ejecutivo acordaba no disponer de las partidas de los ministerios por un monto de 8.900 millones de euros, al tiempo que se reducían en un 20% las subvenciones a sindicatos y partidos políticos, lo que supone otros 75 millones para las arcas del Estado. En el mismo paquete llegaba el golpe a los funcionarios: se les congelaban los sueldos y se fijaba su jornada de trabajo en 37,5 horas semanales.
Mientras esto sucedía en España, Monti aprobaba el 4 de diciembre el decreto Salva Italia, que contiene la medida más importante y controvertida hasta el momento. El Gobierno decidió bloquear la revisión de las pensiones en 2012 con respecto a la inflación y aumentar el tiempo de cotización necesario para las pensiones: 41 años para las mujeres y 42 años para los hombres. La edad mínima de jubilación se elevó hasta los 62 años para las mujeres y los 66 para los hombres, fijando la edad máxima en 70 años. Una decisión drástica, que sin embargo permitió en un momento difícil ahorrar hasta 10.000 millones de euros.
El órdago laboral
Sin embargo, si una reforma en España ha tenido auténtica contestación social, ésa ha sido la laboral, que llevó a la octava huelga general de nuestra democracia. Aprobada en el Consejo de Ministros del 11 de febrero, incluyó una reducción en la compensación por despido improcedente a 33 días por año trabajado -frente a los 45 anteriores- y 24 mensualidades; facilita el despido por causas económicas -en ese caso la indemnización sería de 20 días por año trabajado-; e incluía la colaboración entre las agencias de trabajo temporal (ETT) y los servicios públicos, entre otras muchas medidas.
Asimismo, se abría la posibilidad de despedir a funcionarios, en concreto a personal laboral de la Administración Pública.
En Italia, sin embargo, un Gobierno en minoría enfriaba bastante las ambiciosas pretensiones de Monti en materia laboral. Tras el anuncio de medidas muy radicales, como el despido exprés, el Ejecutivo tecnócrata transalpino se ve obligado a una marcha atrás por la falta de consentimiento entre los partidos que componen su mayoría. Monti suaviza las decisiones en materia de despidos por causas económicas adoptando un compromiso (basado sobre el modelo alemán) y suscita una dura reacción de la presidenta de la patronal italiana: Emma Marcegaglia define de "pésima" la reforma, quejándose de las modificaciones aportadas al anterior borrador.
Ahora, empezado el proceso de aprobación, el riesgo es que con la reforma laboral pase en el Parlamento lo que ya pasó con la liberalizaciones: meses de debate e un resultado muy por debajo de las expectativas.
De vuelta a nuestro país, en el mes de marzo llegaron otras dos importantes reformas. Por un lado, se presentó la ley de reforma financiera, que obliga a la banca a provisionar más al actualizar el valor de los inmuebles en cartera. La medida puede provocar que las entidades financieras se vean obligadas a vender activos muy baratos, acelerando la caída de los precios, que tras cuatro años a la baja ya están de media un 30% por debajo de sus máximos.
Asimismo, el Ejecutivo aprobó la ley de pago a proveedores, para que estos puedan cobrar sus facturas pendientes con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. El plan de pagos del Gobierno se establece a través de un préstamo de 35.000 millones de euros a 10 años, financiado por el Instituto de Crédito Oficial y la banca -las entidades informaron la semana pasada que aportarán un total de 16.000 millones-, con dos de carencia, y un tipo de interés cercano al 5%. El total se reparte entre unos 20.000 millones para los Ayuntamientos, y el resto para las comunidades. Según datos del Ministerio de Hacienda, un total de 177.070 proveedores se beneficiarán de este sistema.
Según el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, este plan del Gobierno tendrá un impacto positivo en la creación de empleo, ya que promoverá entre 75.000 y 100.000 nuevos puestos de trabajo.
El Gobierno también aprobó la semana pasada, tras muchos meses de discusiones, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, adaptada a la modificación del artículo 135 de la Constitución, que consensuaron el PP y el PSOE en un tiempo récord el pasado verano. Con el nuevo texto se establece que las administraciones pueden alcanzar un déficit estructural máximo del 0,4 por ciento, condicionado a que lleven a cabo reformas con un impacto presupuestario positivo a largo plazo. En caso contrario, el límite será del 0 por ciento. Y ya ha advertido Montoro que la comunidad que no cumpla a partir de mayo podrá ser intervenida desde el Gobierno central, en un claro compromiso con el déficit.
El gran ajuste postelectoral
Posteriormente, y una vez superadas las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias, siguieron llegando las medidas de ajuste, incluyendo las más fuertes, especialmente con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), marcados por la austeridad. En concreto, las cuentas estatales incluyeron un recorte medio en los ministerios del 16,9 por ciento (un total de 27.000 millones de euros); el aumento del impuesto de sociedades, mediante la retirada de numerosas deducciones; se ajustan las tasas judiciales, y se aumentan los impuestos al tabaco, entre otras muchas medidas.
Uno de los ajustes más polémicos es la amnistía fiscal, una medida tomada con el objetivo de hacer aflorar las rentas ocultas. Dicha amnistía fiscal, que tendrá una duración temporal, permite que las empresas, ciudadanos o profesionales que tengan rentas en el extranjero o en paraísos fiscales las ingresen en España, a cambio de pagar respectivamente el 10 o el 8% de las mismas.
Pagos en efectivo
Pero la lucha contra el fraude fiscal no acaba aquí. El Gobierno ya advirtió en enero que iba a limitar el pago en efectivo a empresas y autónomos, y hace unas semanas confirmó que el importe máximo en las operaciones de pago en efectivo será de 2.500 euros. Si se supera esa cantidad, se impondrá una multa del 25% del importe, tal y como concretó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Asimismo, el presidente Rajoy reiteró que el Gobierno presentará a lo largo del mes de abril el plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y en el cobro de las prestaciones por desempleo.
En este capítulo, la lucha contra la evasión de capitales, el gobierno de Monti sí ha conseguido un cambio radical: mientras la política está involucrada en nuevos escándalos, se ha intensificado la lucha en contra de la corrupción y del fraude fiscal.
No se ha tratado de una verdadera reforma (el Ejecutivo sólo ha puesto un techo de 1.000 euros a los pagos en efectivo), sino de la aplicación rígida de normas en vigencia. La Guardia de Finanza, la policía fiscal italiana, ha introducido controles capilares descubriendo centenas de casos de fraude. Y con el dinero recaudado Monti estudia bajar los impuestos; un plan que estimularía la economía más que las reformas ya aprobadas.
En este punto se detiene el plan Salva Italia. En España ya se han abierto los melones de la sanidad y la educación. El departamento de Ana Mato ya ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de ahorro en sanidad entre las que se incluye el aumento del pago los medicamentos en función de la renta. Y desde el departamento de José Ignacio Wert se baraja una subida de las tasas universitarias.
En cualquier caso, y con las cartas encima de la mesa, cabe preguntarse ¿está en condiciones el Gobierno transalpino de Mario Monti de seguir criticando al español de Mariano Rajoy?
La UE alaba las reformas de España e Italia