
Madrid, 14 feb (EFE).- Izquierda Unida ha pedido la comparecencia en la Asamblea de Madrid de los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, para que expliquen qué acciones van a tomar ante la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes.
Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz adjunta de IU en la Cámara regional, Eulalia Vaquero, en relación a la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo, que ha contado con las críticas de los tres grupos de la oposición -que coinciden en que no servirá para crear empleo- y la defensa del PP, que sostiene que favorecerá la contratación y homologará el modelo laboral de España al de otros países de la UE.
Vaquero ha remarcado la necesidad de que los líderes sindicales madrileños comparezcan en comisión en la Asamblea.
"Los sindicatos están siendo muy comedidos; si este ataque tan directo a los derechos laborales no tiene una contestación, la más contundente posible, no sé cuándo la vamos a hacer", ha señalado, antes de señalar que si se convocase una huelga, IU estará a favor.
Para IU, esta reforma tendrá "consecuencias drásticas" sobre los trabajadores, sobre todo los jóvenes, que "van a acceder a un mercado laboral precario", y por eso esta formación estará "muy atenta" a lo que tengan que decir los sindicatos.
Tomás Gómez, portavoz del PSM, ha asegurado que la reforma "no es otra cosa que poner luces de neón a la puerta de la creación de más desempleo".
"Es una vía rápida para la pérdida de derechos de los trabajadores, es la alta velocidad para la pérdida de la negociación colectiva, para el abaratamiento de los salarios reales, para que el mango de la sartén lo tengan siempre los mismos, la gran patronal, que van a poder incluso bajar unilateralmente los salarios de los trabajadores", ha dicho.
Una reforma, ha continuado, que sólo trae consigo "despido más barato, inseguridad en el trabajo y más despidos", y que se ha hecho "al dictado de la gran patronal".
Como alternativa para crear puestos de trabajo, Gómez ha señalado que el Gobierno regional debería abandonar su política de "desatención" a la industria -que ha provocado 42.000 parados y la pérdida de casi 1.200 empresas industriales, ha dicho- y apostar por la universidad y la investigación y el desarrollo, en vez de por las "inversiones que generan especulación", como el proyecto de Las Vegas.
No obstante, ha señalado que convocar una huelga general contra esta reforma es algo que compete a los sindicatos, y se ha limitado a decir que apoyará "todas aquellas iniciativas encaminadas a que el Gobierno retire esta agresión a los trabajadores", como la manifestación de este domingo, a la que ha anunciado que asistirá.
Luis de Velasco, portavoz de UPyD, ha asegurado que si él fuera un trabajador su primera impresión sería respaldar una huelga general si se convocase.
Ha señalado que esta reforma no servirá para crear empleo a corto plazo, porque primero tiene que crecer la economía, y en cambio los trabajadores sí pierden determinados derechos.
"Dado el sistema de economía de empresa que hay en España", ha dicho, la reforma "desequilibra un poco más el terreno de juego a favor de los empresarios".
El portavoz de UPyD ha expresado su opinión personal de que, en cualquier caso, en España "no hay trabajo para todos", porque incluso en el mejor de los casos la tasa no baja del 8%, y ha apuntado que los responsables de crear puestos de trabajo son los empresarios, de manera que las administraciones sólo pueden adoptar políticas sociales para combatir la marginalidad y la desigualdad.
Íñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP, ha justificado la reforma alegando que intenta proteger los derechos de todos, trabajadores y empresarios, y porque era necesario tomar medidas después de las reformas "cosméticas" del anterior Gobierno del PSOE.
"España tiene una situación lacerante con más de 5 millones de parados, y el Gobierno está cogiendo el toro por los cuernos", ha dicho.
Henríquez de Luna ha dicho que se trata de una reforma "valiente" que moderniza el sistema de relaciones laborales -hasta ahora imperaba un modelo "rígido" de los años 40, ha afirmado- y lo homologa al de otros países del entorno, algo que es fundamental si España quiere ser competitiva y atraer inversión.
También ha negado que suponga un ataque a los derechos de los trabajadores. "Intentamos flexibilizar el sistema: no tiene sentido que una empresa tenga que cerrar porque le vaya mal, en vez de tomar medidas que le permitan esquivar la crisis", ha argumentado. EFE
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