Sindicatos madrileños pactan convocar una gran manifestación el 7 de febrero

Madrid, 10 ene (EFE).- Los sindicatos CCOO, UGT y CSIT-UP de Madrid han acordado hoy un calendario de movilizaciones de los funcionarios de la comunidad autónoma, que incluye una gran manifestación el próximo 7 de febrero, en protesta por los recortes fijados en la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.

Dicho calendario prevé "realizar concentraciones y Asambleas en los centros de trabajo para explicar el alcance de las medidas de la Ley de Acompañamiento, redactar un manifiesto explicando no sólo cómo afecta a los empleados sino también a los servicios públicos, y una manifestación el 7 de febrero por la tarde", según el coordinador del Área Pública de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez.

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en vigor desde el 1 de enero, amplía a 37,5 horas la jornada semanal de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid y reduce su sueldo en las bajas por enfermedad entre 4 y 15 días, con objeto de recortar un 40% el absentismo laboral.

El secretario general de Servicios Públicos de UGT, Santiago Tamame, ha valorado "muy positivamente" la reunión en la que han llegado a un acuerdo los tres sindicatos "de que había que dar una respuesta a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, que no podían quedar sin contestación y la van a tener".

CSIT-UP apoya las movilizaciones "en contra de los recortes que unilateralmente ha establecido la Comunidad de Madrid en la Ley de Medidas Fiscales, igual que hizo el año anterior con otro tipo de cuestiones que afectaban también a los empleados públicos", ha dicho el vicesecretario general del sindicato, José Montero.

"Todos estamos de acuerdo en que estamos en una situación económica muy difícil, pero no tenemos por qué ser exclusivamente los empleados públicos los paganos de esta situación, y más en una Comunidad autónoma como la nuestra donde ahora resulta que se está presumiendo de que tenemos superávit", ha apuntado Montero.

Los convocantes han coincidido en señalar que las movilizaciones servirán para que los empleados públicos "sean conscientes de la repercusión negativa que tiene la Ley de Acompañamiento en sus condiciones laborales personales y, lo que es mucho más importante, en los servicios públicos madrileños".

Los recortes "no sólo suponen una cesión de derechos de los empleados públicos, sino también el despido de muchos interinos y una disminución de la calidad del servicio", según Montero.

Además del recorte de 3.000 interinos en el área de Educación, CSIT estima que otros "7.000 interinos podrían ser recortados en otros sectores", puesto que la Comunidad de Madrid tiene un número de interinos "enorme, más de un 30% de la plantilla, ya que lleva muchísimos años sin hacer convocatoria de oferta de empleo público", ha apostillado.