
Barcelona, 14 jul (EFE).- El abogado Màrius Miró, que representa a los 45 vecinos de Cerdanyola y Ripollet (Barcelona) a los que Uralita debe indemnizar al resultar afectados por amianto, asegura que ha habido una "epidemia" de enfermedades causadas por este material, aunque no sabe si la sentencia producirá un "efecto llamada" a otros afectados.
"No sé el efecto sociológico que producirá esta sentencia, ni si puede animar a más gente a poner una demanda", ha afirmado Miró en una entrevista con Efe, para añadir que, pese a ser un fallo de primera instancia, y por lo tanto recurrible, es "muy potente y bien fundamentado".
Un juzgado de Madrid ha condenado a Uralita a indemnizar con 3.918.594,64 euros a 45 vecinos por los daños derivados de la exposición al polvo de amianto generado por la empresa, una sentencia pionera en España al ser la primera que reconoce derechos más allá de los trabajadores de la compañía.
El abogado de los afectados ha asegurado que el pago de las indemnizaciones por parte de Uralita debe hacerse de inmediato, en un plazo de 20 días laborables, pese a que ambas partes han avanzado que recurrirán la sentencia a instancias judiciales más elevadas.
"En caso de que la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo revocaran la sentencia esa cantidad debería devolverse", ha puntualizado Miró, que ha insistido en que el fallo de los jueces es "inmediatamente ejecutivo".
Màrius Miró, que también es el representante legal de la Asociación de Afectados por Amianto, ha explicado que las enfermedades relacionadas con el polvo de amianto, que en muchos casos llegan a ser mortales, tienen un periodo de latencia de 20 a 30 años, por lo que ha sido en la década de los 2000 cuando "ha estallado una cierta epidemia".
Miró ha asegurado que en el juicio se ha establecido que Uralita dejaba residuos sólidos de amianto por las calles sin asfaltar de Cerdanyola y Ripollet, que más tarde eran "machacados por los coches" y producían el polvo nocivo para la salud de los habitantes de estas localidades.
La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, señala que el hecho de dejar residuos de amianto en la calle "para suplir de forma cómoda y barata la falta de asfaltado" denota, "al menos, un punto de imprudencia, en cuanto ya era innegable la conciencia social del riesgo que implicaba para la salud el uso de amianto".
El abogado de los afectados también ha determinado que otros factores que pusieron en peligro a los habitantes de la zona fueron las "emanaciones de la chimeneas, que tenían ventiladores sin filtros", y la falta de medidas de protección en la fábrica.
Miró ha relatado como los trabajadores de Uralita volvían a sus casas tras su jornada laboral con la misma ropa que vestían en la factoría, lo que podía provocar que el polvo de amianto se extendiera asimismo por las casas del pueblo.
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