Madrid, 16 may (EFECOM).- El Pleno del Congreso rechazó hoy las dos enmiendas a la totalidad (de devolución) que presentaron el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y ERC al proyecto de Ley de reforma de la Seguridad Social.
Ambas enmiendas fueron rechazadas por 147 votos, mientras que recibieron 129 respaldos (entre ellos los del PP y alguno del grupo Mixto) y 9 diputados se abstuvieron, los de CiU.
La enmienda del Grupo Vasco, defendida por Emilio Olabarría, tenía como principal fin el que el Estado transfiriera al País Vasco las competencias en materia de Seguridad Social.
En el caso de la de ERC, defendida por Joan Tardá, fue presentada porque la reforma acordada por el Gobierno con los agentes sociales (los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal CEOE) es "totalmente regresiva, injusta y afecta directamente al estado del Bienestar", y trata a los perceptores como "potenciales pícaros".
En la defensa del proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que, es la primera vez en la historia, que una reforma de la Seguridad Social, cuenta con el respaldo "unánime" de los agentes sociales.
Además, destacó, que se ha hecho en un momento en que la Seguridad Social no tiene problemas económicos: hay 19,3 millones de afiliados, registra un superávit del 1,2 por ciento del PIB, el Fondo de Reserva -la conocida como hucha de las pensiones- cuenta con 40.300 millones de euros y el ritmo de creación de empleo es del 3,4 por ciento.
Respecto a las novedades de la reforma, resaltó el que se reconoce la pensión de viudedad a las parejas de hecho y que las personas de baja por enfermedad profesional no perderán la prestación por desempleo (el coste anual de la medida lo cifró Caldera en 300 millones de euros).
Asimismo, el ministro valoró el que, con la reforma, las prestaciones por orfandad "llegarán a todos los huérfanos independientemente de la relación afectiva que una a sus padres" y que se rebajan al 7,5 por ciento los coeficientes reductores para los que se jubilen de forma anticipada con una carrera de cotización inferior a los 35 años.
Otros aspectos a los que se refirió fueron el que para los que se jubilen después de los 65 años se les incrementará su pensión un 2 por ciento más por cada año (porcentaje que se eleva al 3 por ciento si han cotizado 40 años) y que las carreras mínimas para acceder a una pensión contributiva pasan a los 15 años efectivos (equivalen a 5.475 días, frente a los 4.700 actuales).
Olabarría le replicó al ministro que esa reforma no la hecho el Gobierno, si no los agentes sociales; que se empeora la situación de las viudas y de los prejubilados y le reclamó que cumpla una proposición no de ley del Congreso en la que se insta al Gobierno a que, cuando un prejubilado cumpla los 65 años, reciba una pensión similar a la de otra persona con categoría similar.
Isaura Navarro (IU-ICV) también identificó como elementos "claramente regresivos" el que se amplíe el período para acceder a la prestación de jubilación, que el desaparecido servicio militar obligatorio no se tenga en cuenta y que no haya homologación entre los matrimonios y las parejas de hecho en materia de viudedad.
Desde CiU, Carles Campuzano pidió un mejor trato para las viudas, los prejubilados y los discapacitados; que se compute el servicio militar obligatorio como cotización y que Cataluña tenga mayores competencias en materia de Seguridad Social.
José Ignacio Echániz (PP) advirtió al Gobierno de que con su proyecto "han perdido una ocasión" para aplicar las reformas necesarias y "sólo" les pidió que no les vuelvan a dejar la Seguridad Social con el elevado déficit de 1996. EFECOM
jmj/pam
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