El diálogo social está a punto de reabrirse. Los sindicatos están ultimando sus reivindicaciones para no irse con las manos vacías de la esperada reforma laboral. Y una de sus máximas exigencias será acabar con el despido libre en España, según afirman UGT y CCOO. Es decir, que los trabajadores que sean despedidos de forma improcedente (sin causa justificada), y así lo avale el juez, podrán decidir si se reincorporan de nuevo a su puesto de trabajo o, por el contrario, eligen la indemnización por cese y no vuelven a la empresa.
Actualmente, cuando un juez dicta que el empresario no tiene causa para despedir y, por tanto, el despido se declara improcedente, se deja en manos del empresario la decisión de readmitir o no al trabajador. Si no lo hace, tan sólo debe pagar la indemnización, que en contratos indefinidos suele ser de 45 días por año trabajado con el máximo de 42 mensualidades.
Sin embargo, el número de despidos improcedentes tan sólo representa un pequeño porcentaje respecto al total. En 2008, sólo se declararon ceses improcedentes unos 4.600 despidos del cómputo total de 11.700 que tuvieron intervención judicial. De todos ellos, aproximadamente 900 fueron anulados por la jurisdicción. Esta situación sólo se da cuando la decisión empresarial ha vulnerado algún derecho fundamental o afecta a la libertad sindical del trabajador.
Pero cabe considerar que la gran mayoría de los ceses se producen fuera de los tribunales. Exactamente, el 98,8% del total, que corresponde a 971.692, según datos de los Servicios Públicos de Empleos de 2008.
Eso sí, la manera más habitual de salir de una empresa sigue siendo la finalización de los contratos temporales. Por esta causa, 3,2 millones de trabajadores fueron a las listas del paro durante 2008.
CEOE defenderá el procedente
En el otro lado de la balanza, y todavía con menor éxito, se encuentra el despido procedente. En 2008, sólo fueron declarados procedentes unos 3.100 despidos. Y es que "el cese con causa justificada es muy complicado, ya que se debe demostrar que ha habido una transgresión muy grave por parte del trabajador", defiende Iñigo Sagardoy. Pero todavía es más complejo si el empresario trata de realizar despidos objetivos por causas económicas, necesidad que se ha multiplicado con la crisis. Por un lado, "se tienen que justificar las causas y, por el otro, el procedimiento es muy complejo. De hecho, si no se cumplen todos los trámites, el juez lo declara nulo". Por ello, una de las exigencias de la CEOE en el diálogo social es que se clarifiquen las causas por despido.
El nuevo estilo de los sindicatos