MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Gobierno se reserva la facultad de establecer "límites" al recargo por parte de los comerciantes sobre las operaciones abonadas con tarjetas de crédito u otros medios, atendiendo a la necesidad de "fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficaces", según consta en el articulado de la Ley de Servicios de Pago que mañana aprobará definitivamente el Congreso de los Diputados.
Para ello, el Ejecutivo "hará partícipe" tanto a comerciantes como a entidades financieras y consumidores de la decisión que tome para garantizar "un equilibrio que de la otra forma podría desestabilizarse", tal y como confirmó el senador socialista Antonio Hurtado durante el debate en el Senado de la iniciativa.
El texto original de la norma, aprobada en abril, planteaba que será nula toda cláusula que impida al beneficiario de una orden de pago exigir el pago de una cuota adicional u ofrecer una reducción por la utilización de un instrumento de pago específico, lo que abría la puerta a que los comerciantes apliquen recargos a las operaciones con tarjeta.
Aunque la ley sólo señala que el importe de este recargo "no podrá superar los gastos diferenciales en que efectivamente incurra el beneficiario por la aceptación de tales instrumentos", entre los consumidores surgió el temor de que esta medida abra la puerta a un aumento de los precios que puede rondar, según algunos cálculos, hasta el 1% en función de las comisiones de las tarjetas de pago.
"SI SE CONSIDERA CONVENIENTE"
Por este motivo CiU impulsó con el apoyo socialista una enmienda a la Ley durante el primer trámite en el Congreso que faculta al Gobierno para limitar reglamentariamente, "si se considera conveniente" algún tipo de limitación en los gastos que se trasladen a los usuarios de las tarjetas de crédito.
Desde la Confederación Española de Comercio (CEC) se asegura que la nueva Ley de Servicios de Pago, que permitirá cobrar un recargo en las compras con tarjeta de crédito, no supondrá un incremento de precios en el sector, sino que "dará cobertura legal" a una práctica que se produce en algunas operaciones de bajo importe y con precio fijo impuesto por el fabricante.