El adelanto electoral llega sin que el PP haya revelado su hoja de ruta para el mercado de trabajo. O, más bien, su alternativa a la reforma laboral del Gobierno, cuyos efectos en la reducción de la precariedad del empleo serán unos de los argumentos de campaña. Pero eso no significa que no tenga avanzada una propuesta que tendrá sus ejes en los puntos débiles de la gestión laboral del Gobierno: la ineficacia del SEPE y la formación de trabajadores y desempleados. A la vez, seguirá aprovechando las polémicas por las estadísticas de emplee. Su equipo lleva un año trabajando en esta estrategia.
Núñez Feijóo no baraja derogar la reforma laboral de la vicepresidenta segunda si gana los comicios del 23 de junio. Lo hace por dos razones: se aprobó con el consenso de la patronal y, ante todo, de Bruselas. Hasta el punto de que ha condicionado el reparto de los fondos europeos. Un cambio legal podría ser visto como una marcha atrás de impredecibles consecuencias para España, que, gane quien gane, seguirá sujeta a los compromisos con la Comisión Europea.
Además, frente a la retórica del Ejecutivo de coalición, no revierte la que impulsó el PP en 2012, cuyas líneas principales mantiene, incluido el polémico abaratamiento del despido de 45 a 33 días. Aunque el PP estuvo a punto de tumbar el decreto ley que la contiene cuando se convalidó en febrero de 2022 (se salvó por el error de un diputado 'popular') el ex presidente de la Xunta de Galicia aún no había asumido el liderazgo nacional de la formación.
Desde entonces, sus críticas a la norma no han disminuido, pero se han dirigido especialmente al supuesto maquillaje de las estadísticas propiciadas por el recuento de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Una estrategia que intentaba contrarrestar el triunfalismo del Gobierno de Pedro Sánchez por los datos de empleo, una estrategia que a buen seguro mantendrá hasta el 23 de julio.
Además, tras los resultados del 28M, los 'populares' son conscientes de que han logrado su objetivo de recuperar completamente el porcentaje del voto del centro derecha económico que aún retenía Ciudadanos. Un electorado que exige un discurso muy diferente al de Vox, que se consolida como tercera fuerza tras las municipales y autonómicas sin que el auge de Núñez Feijóo parezca haberles debilitado sustancialmente.
Desde que el expresidente de la Xunta desembarcó en Génova, su equipo económico, coordinado por Juan Bravo, no ha dejado de explorar vías para diseñar una propuesta política que 'ataque' los grandes problemas que persisten en un mercado laboral que firma menos contratos temporales que nunca, pero sigue registrando una tasa de paro superior al 13%, cinco puntos más que antes de la crisis financiera. La más alta, también, de la Unión Europea.
Dos nombres suenan con fuerza en estos trabajos preliminares. El primero es el de Javier Thibault, al frente e la secretaría de Empleo, Pensiones, Autónomos y Diálogo Social. El segundo, el de la actual consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.
Un guiño al legado de Rajoy
Javier Thibault fue el director general de Empleo durante el Gobierno de Mariano Rajoy lideró el equipo al que la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, encomendó la redacción de su reforma laboral. Una señal de continuidad con las medidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Con una gran reputación como experto en su campo, el perfil de Thibault pude parecer quizá demasiado técnico, pero resulta imprescindible para que Génova pueda 'contrarrestar' al ejército de laboralistas al que Díaz ha sabido ganarse en sus años en el Ministerio y atraer a los críticos.
Sus trabajos se han orientado en explorar los flecos pendientes de la reforma laboral y, en especial, los relativos a la formación, cuando los últimos cambios legales han devuelto el poder a los sindicatos y patronal en la gestión de los cursos, mientras afecta a las empresas independientes con una estrategia que prioriza claramente la formación subvencionada frente a la bonificada, reteniendo miles de millones de euros. El PP estudia cómo impulsar esta última.
Por otro lado, también apuesta por impulsar os contratos formativos. Estos fueron revisados en la reforma laboral, pero su desarrollo se ha visto paralizado durante más de un año y medio. La norma que pretendía regular sus condiciones está en tramitación, pero se verá paralizada por la convocatoria de elecciones.
Entre tanto, su uso sigue en mínimos históricos, en un momento en el que España sigue liderando el paro juvenil y las empresas denuncian que faltan de trabajadores cualificada en sectores clave para la transformaciónn de la economía española. Y los contratos formativos cada vez se utilizan menos.
El reto que plantea el PP es resolver la demanda de trabajadores y empresas con una figura que los haga más atractivos para unos y otros y no solo una fórmula de contratación temporal. Con ello, España se equipararía a los estándares de países como Alemania o Países Bajos, ejemplos en la formación profesional dual y a los que nuestro país, tras sucesivas reformas educativas, sigue muy lejos de equipararse.
La discreta oposición de Báñez
Otro de los apoyos de Génova es el de Rocío Blanco, a quienes muchos consideran un nombre con opciones de ocupar la cartera de Trabajo o la secretaría de Estado. Blanco es una figura clave en el análisis de la reforma de las políticas activas de empleo y del Sistema nacional de Empleo, que compone el SEPE y los servicios públicos autonómicos.
Y Andalucía fue la única comunidad que alertó de que el SEPE estaba 'borrando' como parados registrados a trabajadores fijos discontinuos para considerarlos como demandantes de empleo con relación laboral. Una operación que, tras la denuncia de Fedea y BBVA Research, desató la polémica sobre el 'maquillaje' de las cifras de empleo y que Génova considera una de sus principales bazas para contrarrestar una campaña en la que el PSOE y Sumar presumirán de los buenos datos de empleo. La propuesta del PP pasa por hacer más transparentes las estadísticas.
Además, Blanco conoce de primera mano los servicios de empleo en un momento en el que el adelanto electoral deja en el aire la reforma del SEPE y su conversión en Agencia Nacional de Empleo para mejorar la intermediación laboral. Un trabajo comprometido con Bruselas pero que no está dando los resultados esperados, en un momento en el que las oficinas públicas de empleo apenas colocan a cuatro de cada cien demandante de empleo.
El perfil de Blanco, más político, la califica como ministrable en un hipotético Ejecutivo de Feijóo, aunque la figura hacia la que muchos vuelven la vista tras el adelanto electoral el el de la propia Fátima Báñez. La actual presidenta de la Fundación CEOE fue reclutada por Feijóo para su fundación 'Reformismo 21', junto a otros ex pesos pesados del Ejecuto de Rajoy, como Íñigo de la Serna o Román Escolano, y a que recientemente se ha integrado Luis Garicano, otrora gurú económico de Ciudadanos.
Aunque la ex ministra onubense ha mantenido un perfil relativamente bajo a nivel político (aunque sin dejar de participar en actos electorales), también ha tenido un papel destacado en las tareas de oposición en materia de políticas laborales: preside el Instituto Ey Sagardoy, que entre sus actividades publica un observatorio sobre las novedades económicas y legales que afectan al mercado laboral.
Y es en el marco de este 'think tank' en el que Fedea y BBVA Research publican una serie de informes relativamente críticos con los resultados de la reforma laboral y la transparencia de las estadísticas oficiales de empleo, en especial por el peso de los contratos fijos discontinuos.